Un juez dejó en libertad a siete personas procesadas por su presunta vinculación con una red de exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y derivados hacia Ecuador, entre las que se incluyen cuatro funcionarios de la Dian en Ipiales. Los investigados, aunque recuperaron su libertad, continuarán vinculados al proceso mientras la Fiscalía apela la decisión. Según las autoridades, la red habría justificado 425.000 millones de pesos colombianos de posible origen ilícito mediante 633 operaciones fraudulentas que nunca cruzaron la frontera por el puente internacional de Rumichaca.
Entre los liberados están los representantes legales de las comercializadoras Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, así como los funcionarios de la Dian Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay. Las capturas se realizaron una semana antes en Cúcuta e Ipiales por orden de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera, la Dian, el CTI y el Ejército Nacional. La Fiscalía imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravados, junto con falsedad ideológica en documento público.
El juez consideró que la Fiscalía no demostró riesgo de fuga, obstrucción a la justicia o reincidencia delictiva, por lo que otorgó la libertad. No obstante, la entidad apeló la decisión y remitió información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar medidas sobre bienes y activos vinculados a las presuntas operaciones. Los hechos se investigan desde 2020 hasta 2023, cuando las empresas reportaban exportaciones que, según el intercambio de datos con Ecuador, no tenían registro de ingreso en ese país.
Reacción oficial y próximas acciones
«Se acabó la fiesta de la corrupción en la Dian. No habrá intocables»
Abelardo de la Espriella, presidente de la Dian
El presidente de la Dian, Abelardo de la Espriella, afirmó en su cuenta de X que la revisión de documentos de comercio exterior y el intercambio de información con Ecuador permitieron destapar las irregularidades. Las autoridades identificaron que el dinero implicado provendría de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, y habría sido blanqueado a través de cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. La Fiscalía continúa las investigaciones para determinar el alcance de la red y evalúa acciones de extinción de dominio sobre los activos de los implicados.









