En una decisión que ha generado una fuerte controversia y encendido las alarmas sobre la independencia judicial en Colombia, el mayor (r) Javier González Gutiérrez, quien se desempeñaba como juez 1202 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado, fue declarado insubsistente tan solo 90 minutos después de haber precluido la investigación contra el jefe de escoltas del asesinado senador Miguel Uribe Turbay. La medida, materializada a través de la Resolución 000487 del 19 de junio de 2026 de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, ha sido calificada por los apoderados de la familia de la víctima como un acto que compromete gravemente la seguridad jurídica y la autonomía del poder judicial.
La preclusión, anunciada por el juez González el pasado 19 de junio, se basó en un análisis jurídico que determinó la atipicidad de la conducta del subintendente Víctor Gómez, jefe del esquema de seguridad del senador durante el atentado que le costó la vida el 11 de agosto de 2025 en el occidente de Bogotá. Según las declaraciones del exjuez, la investigación demostró que el oficial desplegó múltiples acciones para garantizar la seguridad del protegido a pesar de enfrentar graves limitaciones operativas, como escasez de personal, escoltas en franquicia y un esquema de seguridad reducido. En su argumentación, González señaló que la responsabilidad principal recae en la Unidad Nacional de Protección (UNP), al evidenciarse dificultades logísticas y limitaciones en los recursos asignados, una responsabilidad que, según el juez, debe ser definida por la justicia ordinaria.
Una salida que no es coincidencia
La velocidad con la que se ejecutó la declaratoria de insubsistencia, notificada por una funcionaria de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar y Policial minutos después de concluida la audiencia, ha sido el principal foco de las críticas. En declaraciones a la revista Semana, el mayor (r) Javier González Gutiérrez expresó su convencimiento de que su salida no fue una casualidad. “Soy juez de conocimiento especializado de la Justicia Penal Militar y Policial. Ese cargo implica conocer los casos de mayor complejidad o sensibilidad institucional”, afirmó. González añadió que “la decisión pudo haberse tomado antes o después, pero ocurrió inmediatamente después de finalizar una audiencia de alto impacto nacional. Por eso considero que no es una coincidencia”. El exjuez, quien fue trasladado al Cauca como fiscal tras su desvinculación, advirtió que esta situación afecta la autonomía e independencia judicial, subrayando que «los jueces, independientemente de la jurisdicción a la que pertenezcan, deben poder tomar decisiones conforme a la ley y las pruebas sin presiones externas».
“Como apoderados estamos plenamente comprometidos en adelantar todas las acciones tendientes al esclarecimiento y determinación de los responsables de este magnicidio. No obstante, resulta jurídicamente inaceptable que, en un escenario procesal que exige rigor, objetividad y responsabilidad institucional, fuera declarado insubsistente un Juez de la República, una hora después de concluida la audiencia en que se resolvió precluir la investigación por atipicidad”.
Firma Víctor Mosquera Marín, abogados de la familia de Miguel Uribe Turbay
La firma de abogados que representa a la familia del senador asesinado ha reiterado su compromiso con el esclarecimiento del magnicidio, insistiendo en que mantendrán la defensa de la memoria de Uribe Turbay dentro del respeto a las garantías procesales y la independencia judicial. Por otro lado, el exjuez González ha desmentido versiones que circulaban sobre una presunta complicidad de los policías en el atentado, calificándolas de falsas y parte de una estrategia para convencer al menor ejecutor del homicidio. Mientras tanto, la Fiscalía adelanta una investigación por prevaricato por omisión contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, en un proceso donde los abogados de la familia han señalado que, coincidencialmente, se retiró la imputación el mismo día de la solicitud y no se ha reprogramado, añadiendo más interrogantes a un caso que sigue marcado por la controversia y la exigencia de justicia.
