En una reciente audiencia, un juez de la República negó la solicitud presentada por la defensa de Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo y señalado como el ‘zar del contrabando’, para que se levantara la medida de aseguramiento que pesa en su contra. La decisión judicial se fundamentó en que los argumentos esbozados por el abogado defensor no eran suficientes para modificar lo ya resuelto. En un proceso paralelo, pero conectado a la misma red criminal, el Juzgado Quinto Especializado admitió nuevas pruebas contra cuatro policías acusados de presuntos vínculos con la organización de Marín Buitrago, un avance probatorio que se dio a conocer el pasado 27 de mayo.
El juez, al explicar su determinación, señaló que la defensa de Marín Buitrago había basado su petición en los artículos 307, literal B, numerales 4 y 7 del Código de Procedimiento Penal, así como en jurisprudencia relacionada. Sin embargo, el togado consideró que no se había logrado demostrar la incidencia de los argumentos presentados. «Por el artículo 307, literal B, numerales cuatro y siete del Código de Procedimiento Penal», indicó el juez al iniciar su exposición, para luego referirse a uno de los puntos centrales de la defensa: «La incidencia de lo denotado, por el doctor defensor, que no se solicitó prórroga por parte de la Fiscalía General de la Nación al caso del ciudadano Diego Marín Buitrago». El juez fue más allá al cuestionar la lógica de la petición, preguntándose «a más de cómo poder prorrogar una medida que no se ha surtido de manera personal e inequívoca por parte del mismo». Finalmente, el juez concluyó que «tampoco esbozó el análisis que por vía de insinuación conlleve a cambiar lo analizado de una manera conteste», ratificando su decisión y preguntando a la Fiscalía si deseaba interponer recurso, sin que se haya especificado si esto ocurrió.
Nuevas pruebas contra los policías
En el caso separado, la investigación avanza contra los uniformados Alexander Galeano Ardila, Ricardo Orozco Baeza (alias El Bendecido), Mario Andrés Sarmiento Rojas y José Helí Álzate Moncayo, quienes están acusados de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. La Fiscalía sostiene que estos policías omitieron sus funciones de control en un puerto del departamento de Bolívar para facilitar el tránsito de cargamentos ilegales a cambio de sobornos. El material probatorio admitido incluye la declaración de un agente encubierto, identificado con el número 117, y de otro testigo clave, Raúl Darío Vargas Cruz, además de audios, videos y documentos que evidenciarían los acuerdos ilícitos.
Entre las pruebas destacan dos DVDs con videos y uno con audios del coronel retirado Galeano, así como tres DVDs con videos de reuniones denominadas «Pacho uno» y «Pacho dos», y un DVD con un audio titulado «Reunión Pacho», fechado el 22 de febrero de 2024. En este contexto, también se menciona una incautación de 300 millones de pesos, cuyo acta fue firmada por el mayor Kevin Castaño Flórez. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) fue reconocida como víctima dentro de este proceso, lo que subraya el impacto fiscal de la red de contrabando.
«Acorde, a lo esbozado, es la decisión que se adopta ante los planteamientos de este servidor judicial de cara a la petición enarbolada por el doctor defensor. En ese orden de ideas, se le pregunta al doctor fiscal si desea interponer recurso»
Juez del caso, al ratificar su decisión de negar la solicitud de la defensa de Diego Marín Buitrago
Diego Marín Buitrago, conocido como el ‘zar del contrabando’, se encuentra actualmente en libertad en Portugal mientras se tramita su posible extradición a Colombia. La defensa de Marín Buitrago había citado jurisprudencia del 18 de octubre de 2017, con ponencia de la magistrada Patricia Salazar Cuéllar, relacionada con el caso de Santiago Uribe Vélez, pero el juez consideró que el argumento no se desarrolló adecuadamente para justificar un cambio en la medida. Mientras tanto, el caso de los cuatro policías avanza con la incorporación de pruebas que, según la Fiscalía, demuestran la existencia de una red de corrupción que operaba en los puertos de Bolívar, facilitando el contrabando a gran escala.
