Un juez falló a favor de la acción de tutela interpuesta por el segundo vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, obligando a la Primera Dama, Ana Lucía Pineda, a rendir cuentas formales sobre los millonarios recursos recaudados para los damnificados del reciente terremoto
La decisión judicial exige que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, liderada por Pineda, transparente el manejo y destino exacto de los más de $54.589 millones de pesos que recibió de donantes privados y empresas.
Este fallo marca un hito en el control político a los recursos de emergencia, desestimando la postura inicial de la Primera Dama, quien semanas atrás había argumentado que su fundación «no es un ministerio» y, por tanto, no estaba sujeta al mismo nivel de escrutinio público que las entidades estatales.
El debate entre lo público y lo privado
El centro de la controversia radica en la separación de los fondos de ayuda. Mientras el Gobierno Nacional habilitó el Fondo Milagro (creado mediante el Decreto 1379) para administrar los recursos públicos de la emergencia, la fundación de la Primera Dama operó un recaudo paralelo de carácter privado.
En su momento, el presidente Abelardo De la Espriella defendió esta división, aclarando que el dinero gestionado por su esposa no ingresaría al Fondo Milagro por tratarse de aportes de particulares. Sin embargo, para el senador Ocampo y ahora para la justicia, la naturaleza de la emergencia y el rol de la Primera Dama exigen una vigilancia estricta sobre esos capitales.
Un informe insuficiente
Si bien a mediados de octubre la Fundación Colombia Luz y Sonrisas cedió a la presión mediática publicando un informe de gestión voluntario —donde revelaron la cifra de los 54 mil millones de pesos recaudados—, la justicia determinó que este reporte no exime a la organización de una rendición de cuentas obligatoria, detallada y con soportes sobre la ejecución de cada peso.
Para el senador Alejandro Ocampo, esta victoria judicial no solo representa un triunfo en materia de transparencia, sino que sienta un precedente sobre el manejo de donaciones privadas a través de figuras vinculadas al alto gobierno durante crisis nacionales.
La Casa de Nariño y la Fundación Colombia Luz y Sonrisas tienen ahora un plazo perentorio dictado por el juez para entregar la documentación requerida, mientras el país sigue a la expectativa de la ejecución de las obras de reconstrucción tanto del Fondo Milagro como de las iniciativas privadas.
