Un juez penal de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el fiscal seccional Leopoldo Eduardo Montes Dávila, así como los patrulleros Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez, de la Sijín de la Policía Metropolitana de Santa Marta, por exigir dinero al propietario de quince motores importados incautados en las inmediaciones de Bosconia, en el departamento del Cesar. Los implicados fueron imputados por el delito de concusión, y en el caso del fiscal, también por prevaricato por omisión agravado, tras aprovechar sus cargos para extorsionar al dueño de la carga.
El caso se originó el 24 de enero, cuando los patrulleros retuvieron un tractocamión que provenía de la zona portuaria y se dirigía hacia Medellín, cargado con los quince motores importados, argumentando presunto narcotráfico y contrabando. Al día siguiente, el 25 de enero de 2026, el fiscal Montes Dávila emitió un oficio para la custodia de la mercancía, asumiendo el caso pese a estar fuera de su competencia, lo que generó una inmovilización irregular del vehículo, trasladado a un parqueadero, y dejó la carga bajo la custodia de su despacho. La Fiscalía General de la Nación comunicó los detalles el 19 de marzo de 2026, tras una investigación de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Extorsión millonaria por la devolución de la carga
Los acusados exigieron inicialmente trescientos millones de pesos al propietario para devolver la carga inmovilizada de manera irregular, reduciendo posteriormente la cifra a cien millones, en un claro intento de lucro personal aprovechando la retención inicial del vehículo por parte de la Policía y las acciones del fiscal para aparentar legalidad. Esta maniobra evidenció cómo los funcionarios usaron su autoridad para presionar al afectado, configurando los delitos de concusión y, en el caso del fiscal, prevaricato por omisión agravado.
La decisión judicial representa un golpe contundente contra la corrupción en las instituciones encargadas de la justicia y la seguridad en la región Caribe, destacando la importancia de las investigaciones internas de la Fiscalía para desmantelar redes de extorsión que afectan a comerciantes y transportistas. La carga permanece bajo custodia, mientras los implicados enfrentan el proceso penal desde la cárcel.
