En una decisión sin precedentes en el fútbol colombiano, la Jueza 38 Penal Municipal de Medellín autorizó un acuerdo de justicia restaurativa que permite a cuatro líderes de la barra Los del Sur regresar al estadio Atanasio Girardot, del cual estaban prohibidos desde abril de 2023, cuando protagonizaron disturbios que dejaron un saldo de 89 heridos y millonarios daños materiales. Los beneficiados son Andrés Felipe Muñoz Lara, conocido como Pipe Muñoz; Andrés Felipe Ospina Calle, alias Pipe Bandido; Raúl Eduardo Martínez Hoyos y Ramiro Andrés Gutiérrez Patiño, alias El Pollo, quienes deberán cumplir compromisos restaurativos durante diez meses bajo estricta supervisión judicial.
La decisión judicial, emitida el 28 de septiembre de 2026, levanta la medida de aseguramiento no privativa de la libertad que les prohibía el ingreso al escenario deportivo, al considerar que las restricciones impuestas originalmente han perdido su funcionalidad. En su argumentación, la jueza señaló que el nuevo escenario derivado del acuerdo con la Fiscalía General de la Nación hace que dichas prohibiciones entren en tensión con el cumplimiento de las obligaciones restaurativas pactadas.
Un acuerdo que transforma la sanción en reparación
Los hechos que motivaron esta sanción ocurrieron en abril de 2023, cuando la barra Los del Sur reaccionó violentamente ante el retiro de las 400 entradas gratuitas que Atlético Nacional les entregaba por partido. La decisión del club, tomada antes del encuentro frente al América de Cali, desatóó una jornada de caos en los alrededores del Atanasio Girardot, con un balance de 89 heridos, entre ellos varios policías, y pérdidas materiales calculadas en 672 millones de pesos. Como parte del acuerdo restaurativo, los cuatro líderes deberán destinar más de 100 millones de pesos a actividades de reparación y participar en campañas pedagógicas, círculos restaurativos y espacios de diálogo con el propio club.
«Bajo ese nuevo escenario que nos convoca, varias de las restricciones que fueron impuestas pierden esa funcionalidad que justificó originalmente su imposición e incluso entran en tensión con el cumplimiento de los compromisos restaurativos»
Jueza 38 Penal Municipal de Medellín
Durante la audiencia, además, se reprodujo un audio que evidenciaba la actitud desafiante de los barristas, en el que se escuchaban frases como «si nos toca meternos a la hijuepu, nos metemos» y «tenemos autorización de todo, hasta de cascar a ese viejo piro**, el domingo va a estar caliente», mensajes que fueron analizados como parte del contexto de presión que rodeó las negociaciones. Pese a ello, los líderes ya realizaron un primer acto de disculpa pública al proyectar sus imágenes en la pantalla del estadio durante un partido, un gesto simbólico que quedó registrado como parte de las acciones restaurativas.
El caso tiene además aristas complejas, pues Andrés Felipe Muñoz Lara enfrenta una condena de siete años por el delito de aborto sin consentimiento, hecho que lo convierte en una figura especialmente cuestionada por la opinión pública. A esto se suma que el ex presidente de Atlético Nacional, Benjamín Romero, y el ex vicepresidente Mauricio Navarro denunciaron haber recibido amenazas tras los disturbios, mientras el club no se ha pronunciado oficialmente sobre la decisión judicial. El principio de oportunidad, que fue anticipado por la revista Semana en noviembre de 2025, contempla que si los cuatro líderes cumplen a cabalidad con todas las obligaciones adquiridas, la persecución penal cesará por completo, cerrando así un capítulo que puso en vilo la seguridad del fútbol antioqueño.
