El juicio oral contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro por el homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo quedó programado para el próximo 9 de junio de 2026, en medio de una tensa carrera contra el reloj para evitar la excarcelación de los procesados. La audiencia preparatoria se cerró en un tiempo récord de una sola jornada en los juzgados de Paloquemao, Bogotá, con el objetivo de impedir el vencimiento del plazo de 120 días establecido desde la radicación del escrito de acusación, que podría dejar en libertad a los detenidos antes de que sean condenados. Paralelamente, la testigo clave del caso, Paola Fernández, quien se encuentra prófuga de la justicia y tiene circular roja de Interpol, será declarada persona ausente el próximo 18 de junio de 2026 para iniciar un proceso penal en su contra.
El asesinato de Jaime Esteban Moreno, ocurrido el 31 de octubre de 2025 en la localidad de Chapinero, conmocionó a la comunidad universitaria de la Universidad de los Andes, donde la víctima cursaba sus estudios. La institución educativa realizó un homenaje póstumo el 4 de noviembre del mismo año, mientras la Fiscalía avanzaba en la investigación que llevó a la acusación formal de Suárez Ortiz y González Castro por homicidio doloso agravado. El abogado de la familia de la víctima, Camilo Rincón, fue enfático al señalar que los acusados no han colaborado con la justicia: «Para nada, para nada, para nada», respondió tajantemente al ser consultado sobre su disposición a esclarecer los hechos. Rincón expresó su confianza en las pruebas recaudadas por el ente investigador, calificándolas como «útiles, pertinentes, conducentes» y asegurando que «todas las pruebas apuntan de manera fehaciente» contra los procesados.
Carrera contra el tiempo y riesgo de impunidad
El reloj judicial corre implacablemente hacia el 20 de junio de 2026, fecha límite para que sea dictada sentencia. Si antes de ese día no hay una decisión judicial en firme, la ley obliga a la excarcelación automática de los detenidos por vencimiento de términos, un escenario que la madre de la víctima, Mónica Jaramillo Buitrago, ha denunciado como una posible puerta a la impunidad. La situación se tornó más crítica cuando una audiencia prevista no pudo celebrarse porque el juez del caso fue citado a una capacitación electoral, lo que incrementó el riesgo de que los plazos vencieran. No obstante, el abogado Rincón agradeció a la judicatura y al juez por evacuar la audiencia preparatoria en una sola jornada, calificando el hecho como «en un tiempo récord evacuó y dio por terminada la audiencia preparatoria». El jurista espera que la condena sea ejemplarizante, aspirando a una pena que «superará los 40 años de prisión».
«Que se entregue, se entregue porque la justicia la va a encontrar, la va a capturar y la va a procesar»
Camilo Rincón, abogado de la familia de la víctima
«Así se esconda debajo de las piedras, las autoridades la van a encontrar»
Camilo Rincón, abogado de la familia de la víctima, refiriéndose a Paola Fernández
La situación de Paola Fernández añade un capítulo complejo al proceso. La testigo clave, que fue solicitada como tal por la defensa de los acusados, será declarada persona ausente el 18 de junio, lo que permitirá iniciar una causa penal en su contra. Sin embargo, el abogado Rincón aclaró que si ella es vinculada formalmente al proceso penal, su condición procesal le impedirá ser testigo. Mientras tanto, las autoridades mantienen su búsqueda activa, con la confianza de que la justicia pueda alcanzarla, aunque sea prófuga. El inicio del juicio oral el 9 de junio marcará el comienzo de la etapa decisiva de un caso que mantiene en vilo a la opinión pública, con la expectativa de que los responsables del homicidio de un joven universitario reciban una condena ejemplar antes de que los plazos legales inclinen la balanza hacia la impunidad.
