El Grupo de los 38, un colectivo de juristas, emitió un pronunciamiento público en el que manifiesta su preocupación por la decisión de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de abrir instrucción y vincular mediante indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La medida se enmarca dentro de la investigación que se adelanta por las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia en 1996 y 1997, así como por el homicidio de Jesús María Valle. El colectivo aclaró que su pronunciamiento no constituye un juicio sobre la responsabilidad penal del exmandatario, asunto que le compete exclusivamente a la justicia, sino que se centra en el contexto y la oportunidad en que se adopta esta decisión judicial.
El documento, emitido en el marco del cierre de la contienda electoral presidencial, señala los riesgos que esta coincidencia podría generar en la confianza ciudadana hacia las instituciones. El Grupo de los 38 subrayó que la apertura de instrucción no es una condena ni una declaración de responsabilidad penal, sino el acto que inicia la etapa de instrucción, y que el procesado es vinculado mediante indagatoria, amparado en todo momento por la presunción de inocencia. La investigación se adelanta bajo la Ley 600 de 2000, que establece esta fase procesal como preliminar.
La preocupación por el contexto electoral
El colectivo de juristas advirtió sobre el concepto de lawfare, que implica la utilización de procesos judiciales con fines de desgaste o afectación política. En ese sentido, hicieron un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia para que el proceso avance con transparencia, independencia y apego al debido proceso. El grupo enfatizó que su posición no representa una defensa del exmandatario ni una postura favorable a la impunidad, sino una advertencia sobre las apariencias que pueden minar la credibilidad de la justicia.
«No nos pronunciamos sobre su responsabilidad penal, que corresponde exclusivamente a la justicia, sino sobre las condiciones en que la decisión se adopta y los riesgos que, para la confianza ciudadana, entraña su coincidencia con el cierre de la contienda electoral»
Grupo de los 38
El Grupo de los 38 recordó que la confianza en la justicia no depende solo de la independencia real de jueces y fiscales, sino de que resulte creíble ante los ciudadanos, pues las apariencias también cuentan. En el momento de la decisión, permanecían pendientes varias pruebas decretadas dentro de la investigación, que tienen antecedentes desde el año 2000.
«La apertura de instrucción no es una condena ni una declaración de responsabilidad penal. Es apenas el acto que inicia la etapa de instrucción (…) y el procesado es vinculado mediante indagatoria y amparado, en todo momento, por la presunción de inocencia»
Grupo de los 38
El colectivo también pidió a medios de comunicación, actores políticos y ciudadanos distinguir entre una actuación procesal y una decisión definitiva sobre la responsabilidad penal del expresidente. Asimismo, manifestaron que el esclarecimiento de hechos graves y los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia reclaman una actuación judicial independiente y alejada de cualquier sospecha de cálculo político.
«Que no conviertan una actuación preliminar en un veredicto anticipado y distingan entre la justicia y el espectáculo»
Grupo de los 38
El pronunciamiento del Grupo de los 38 se da en un momento de alta tensión política, en el que la coincidencia de la decisión judicial con el cierre de la campaña electoral presidencial genera interrogantes sobre la independencia de los procesos. El colectivo insiste en que la justicia debe actuar con transparencia para garantizar su credibilidad ante la ciudadanía.
