La representante a la Cámara Cathy Juvinao reveló serias irregularidades en la estructura del Fondo Milagro, creado mediante decreto por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para atender la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto de 2026. La congresista analizó los documentos contractuales y resoluciones del Ministerio de Hacienda, y encontró que la fiduciaria encargada, Fiducoldex, fue seleccionada con una sola oferta recibida, pactó una comisión anual cercana a un millón de dólares, y que el Consejo Directivo del fondo otorga cinco de siete votos a la Presidencia, sin sillas para los entes territoriales ni para los entes de control. Además, las reglas clave para contratar, como los manuales operativos y de contratación, aún no han sido aprobados, lo que mantiene paralizada la operación del fondo.
El Fondo Milagro fue formalizado mediante el Decreto 1379 de 2026 como un patrimonio autónomo administrado por una fiduciaria pública, con el objetivo de canalizar cerca de $30 billones para la reconstrucción de los departamentos afectados por el sismo. El contrato entre el Ministerio de Hacienda y Fiducoldex, identificado con los números 6.001-2026 y 116-2026, establece una comisión mensual equivalente a 142 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, aproximadamente $248,6 millones al mes, lo que al año suma cerca de un millón de dólares. Juvinao señaló que este esquema concentra un poder directivo excesivo en manos del gerente designado, Jaime Uribe Tamayo, quien fue nombrado directamente por el presidente, y que el artículo 9 del decreto le otorga facultades amplias para preparar el plan de intervención, ordenar contratación, manejar el presupuesto operativo y coordinar supervisión, sin los contrapesos institucionales necesarios.
Señalamientos sobre la concentración de poder y la falta de manuales
La congresista cuestionó que el gerente tenga «demasiado poder y billones en la misma mano sin contrapesos», y advirtió que el diseño del fondo no contempla la participación de los entes territoriales ni de los órganos de control en las decisiones. Esta concentración se evidencia en que cinco de los siete votos del Consejo Directivo pertenecen a la Presidencia, lo que a juicio de Juvinao elimina cualquier posibilidad de equilibrio institucional. Además, la matriz de riesgos del propio contrato clasifica como riesgo alto la demora en la aprobación de los manuales operativos y de contratación, documentos indispensables para operar con transparencia y que, según la representante, todavía no están listos.
«Por fin se firmó el contrato del FONDO MILAGRO y esto es lo que encontramos: Fiducoldex fue escogida con UNA SOLA OFERTA y pactó una comisión de cerca de USD 1M al año. Cinco de siete votos del Consejo Directivo son de Presidencia. No hay sillas para los entes territoriales ni entes de control. Las reglas clave para contratar TODAVÍA NO ESTÁN LISTAS (sic)»
Cathy Juvinao, Representante a la Cámara
El fondo cuenta con una asignación presupuestal inicial de un billón de pesos, de los cuales se priorizan $627.000 millones para la primera etapa, destinados a demoliciones de estructuras inestables, remoción de escombros y consolidación de censos en los municipios afectados, según informaron el vicepresidente José Manuel Restrepo y el director del DAPRE Carlos Ríos. Sin embargo, hasta ahora la operación está detenida porque el Consejo Directivo no ha aprobado los manuales operativos y de contratación, lo que demora el desembolso de los recursos. El diseño financiero establece que los fondos públicos, las donaciones internacionales y los desembolsos por crédito permanecen bajo resguardo del Tesoro Nacional, no en cuentas de la fiduciaria, y se liberan únicamente cuando la gerencia autoriza previa certificación técnica.
En medio de este panorama, Juvinao también pidió que los recursos recaudados por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda, sean trasladados directamente al Tesoro Nacional para garantizar su manejo transparente, y no queden en manos de una estructura que, como el Fondo Milagro, aún no tiene definidas sus reglas de juego. La congresista insistió en que se deben aprobar de manera urgente los manuales operativos y de contratación, y se deben ampliar los espacios de participación para los entes territoriales y de control, con el fin de evitar que los billones de pesos destinados a la reconstrucción se conviertan en una nueva fuente de opacidad en medio de la emergencia.
