El Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de Medellín admitió una acción de tutela presentada por Walter Leandro Aguirre Mazo contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa Nacional, en un proceso que cuestiona la eventual autorización de operaciones militares extranjeras en territorio colombiano. En un auto fechado el 26 de agosto, el despacho judicial también negó la medida provisional solicitada por el accionante, al considerar que no se presentaron medios de prueba suficientes para establecer un peligro inminente que justificara una intervención urgente. La tutela, que fue presentada y remitida por el Consejo de Estado, ahora obliga a las entidades demandadas a rendir informes detallados en un plazo de dos días, mientras que el fallo de fondo deberá emitirse en un término perentorio de diez días hábiles, contados desde la presentación de la acción, en cumplimiento del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991.
La controversia se origina en un anuncio gubernamental del 12 de agosto de 2026, cuando el Ejecutivo reveló la posibilidad de que personal militar extranjero realizara operaciones conjuntas en Colombia, incluyendo el empleo directo de fuerza armada. Según el accionante, esta decisión podría vulnerar derechos fundamentales, por lo que solicitó al juzgado suspender de inmediato cualquier efecto operacional derivado de dicha autorización, absteniéndose de ejecutar ataques, bombardeos, incursiones, operaciones cinéticas, uso de fuerza letal, capturas, detenciones o despliegues armados con función operacional directa. Además, pidió copia íntegra del instrumento que contiene la autorización, así como detalles sobre su naturaleza jurídica, el número de efectivos involucrados, las áreas geográficas de operación, el periodo de ejecución, la cadena de mando y las reglas de enfrentamiento.
El juzgado, sin embargo, determinó que no existían pruebas contundentes que demostraran una transgresión inminente de derechos de la magnitud necesaria para conceder una medida cautelar provisional, por lo que el proceso continuará su curso ordinario. En su lugar, se ordenó preservar toda la documentación relacionada con el caso y se requirió una certificación sobre los permisos otorgados a tropas extranjeras. Como parte del trámite, se vinculó al Comando General de las Fuerzas Militares, a la Secretaría General del Senado, a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y al Departamento Administrativo de la Presidencia. Los documentos que contengan información de inteligencia o seguridad nacional serán manejados en una carpeta separada y con carácter reservado, mientras que la admisión de la tutela no constituye una decisión de fondo sobre la presunta vulneración de derechos.
