El Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Antioquia anuló parcialmente la imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud, Daniel Quintero, en el marco del caso Aguas Vivas. La decisión, que no constituye una absolución ni el cierre del proceso, fue recibida con cautela por la Alcaldía de Medellín, que encabeza Federico Gutiérrez, y generó un nuevo capítulo en este expediente judicial que involucra un presunto detrimento patrimonial de 43.000 millones de pesos por la compra de un lote en el Ecoparque de Las Palmas, cuyo uso de suelo habría sido modificado mediante un decreto firmado por Quintero.
La jueza del caso consideró que la imputación realizada por la Fiscalía presentó fallas que afectaron el derecho a la defensa y el debido proceso, por lo que ordenó corregir las deficiencias formales. Sin embargo, la administración municipal, a través de su secretario general, Sebastián Gómez, advirtió que la decisión judicial no es una sentencia absolutoria y que el proceso debe continuar hasta llegar a juicio. «Es imposible, como dicen ellos, que exista una sentencia absolutoria hoy, porque, en derecho, solo hay una sentencia cuando ya se practican pruebas. Y como no lo han permitido, no la hay», afirmó Gómez, quien también señaló que detrás de esta nulidad se busca crear una cortina de humo ante la inminente imputación de cargos contra el hermano de Daniel Quintero, Miguel Quintero Calle, programada para el 3 de agosto ante el Consejo Superior de la Judicatura.
Las cifras que sostienen la acusación
El caso Aguas Vivas involucra a 55 personas imputadas, entre ellas varios exfuncionarios de la administración de Quintero, y cuenta con un acervo probatorio de 4.000 pruebas documentales que, según la Alcaldía, siguen plenamente vigentes. «Que la Fiscalía subsane y seguimos el proceso. Eso por una razón: las pruebas siguen ahí», explicó Gómez. El monto central del caso, 43.000 millones de pesos, corresponde al valor que la administración de Quintero intentó pagar por el lote del Ecoparque de Las Palmas, una operación que fue frenada por la justicia y que posteriormente obligó a la devolución del predio. La Alcaldía de Medellín, junto con la Fiscalía, ya prepara la apelación de la nulidad ante el Tribunal Superior de Medellín, cuya audiencia está programada para el 6 de agosto. «Estamos preparando toda una matriz para apelar y explicarles al Tribunal y a los tres magistrados por qué consideramos que la imputación fue completamente legal, clara y contundente», afirmó Gómez.
«De ninguna manera. El decreto que Daniel Quintero firmó y con el que modificó el uso de suelos del Ecoparque de Las Palmas, existe. En qué administración del país, un alcalde llega e inmediatamente –de muchos lotes que ha recibido– este es el único por el que se le ocurrió pagar $43.000 millones. Y la justicia se lo frenó y luego lo devolvió.»
Sebastián Gómez, secretario general de la Alcaldía de Medellín
La administración de Federico Gutiérrez insiste en que la nulidad parcial no cierra el expediente, sino que obliga a la Fiscalía a corregir detalles formales en la imputación, y que, una vez subsanados, el proceso deberá avanzar hacia la etapa de juicio oral. La Alcaldía también rechazó las acusaciones de persecución política lanzadas por Quintero, recordando que fue el propio exalcalde quien firmó el decreto que modificó el uso de suelos del predio. Mientras tanto, la atención se centra en el 3 de agosto, cuando se imputarán cargos al hermano de Daniel Quintero por presunta adjudicación irregular de contratos entre la Alcaldía y Bomberos de Medellín, un hecho que, según la administración municipal, busca desviar la atención del caso principal. La apelación ante el Tribunal Superior de Medellín será el siguiente paso en este proceso judicial que aún tiene un largo trecho por recorrer.
