El Juzgado Civil del Circuito de Aguadas, Caldas, confirmó en segunda instancia el arresto de tres días y una multa de 434 UVB para el agente especial interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, y el gerente regional Centro Occidente encargado, Luis Carlos Velandia Cortés, por desacatar una orden judicial que protegía los derechos de un menor con hidrocefalia y toxoplasmosis congénita. La jueza María Magdalena Gómez Zuluaga ratificó la sanción al considerar que los funcionarios incurrieron en un incumplimiento injustificado y negligente del fallo de tutela que, desde febrero de 2023, ordenaba a la entidad garantizar la atención integral del niño, incluyendo consultas con especialistas en infectología, neurocirugía, neurología pediátrica, psicología y fonoaudiología, además de una tomografía de cráneo.
La decisión de primera instancia se había tomado el 23 de junio de 2026 y, tras la apelación, la jueza de segunda instancia determinó que no hubo justificación para el desacato. El caso se originó en abril de 2026, cuando la madre del menor promovió un incidente de desacato ante la persistente negativa de la Nueva EPS a autorizar los servicios ordenados. Durante el proceso, el Juzgado requirió a Ospina y Velandia, quienes guardaron silencio y no demostraron haber realizado ninguna gestión para cumplir con la orden judicial. La multa impuesta, equivalente a aproximadamente 5 millones 255 mil 740 pesos para cada uno, y la orden de arresto de tres días, quedaron en firme y deberán ser ejecutadas por las autoridades competentes.
Un historial de sanciones para la Nueva EPS
Esta no es la primera vez que Jorge Iván Ospina enfrenta una sanción de arresto desde que asumió como interventor de la Nueva EPS, cargo al que fue nombrado el 13 de abril de 2026. Apenas 16 días después, el 29 de abril, el Juzgado 25 Penal de Bogotá ya le había impuesto cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos legales vigentes por otro caso de desacato. Su antecesor, Luis Óscar Galves Mateus, también fue sancionado con 48 horas de arresto en febrero de 2026 por no gestionar el cambio de marcapasos de una paciente de 92 años, lo que evidencia un patrón de incumplimiento que la justicia ha señalado como sistemático.
El mismo día en que se confirmó la sanción en Aguadas, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Nueva EPS, a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y a la Presidencia de la República presentar en un plazo de 60 días un plan para resolver las tutelas incumplidas. El alto tribunal calificó la situación como una «falla estructural» que lleva años afectando a los usuarios, y advirtió que el Estado, como interventor de la EPS desde el 3 de abril de 2024, debe asumir las consecuencias de esta crisis. La resolución de intervención ya había documentado que la tasa de cumplimiento histórico de la Nueva EPS en la gestión de requerimientos judiciales era del 0%, un dato que refuerza la gravedad del incumplimiento y la necesidad de una intervención decidida para garantizar el derecho fundamental a la salud de los afiliados.
