El juzgado 66 administrativo del circuito de Bogotá avaló el incidente de desacato promovido por la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez en contra del presidente Gustavo Petro, por no cumplir con las órdenes judiciales de realizar una retractación pública de las publicaciones que hizo en la red social X durante agosto de 2025. Esta decisión judicial, que se produce tras una sentencia previa emitida el 22 de octubre de 2025, compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que evalúe posibles investigaciones disciplinarias o penales contra el mandatario.
El caso surgió a raíz de mensajes publicados por Petro en X, donde vinculó a Ramírez como «socios comerciales» de un narcotraficante y paramilitar, lo que vulneró sus derechos a la honra y el buen nombre según dos fallos de tutela que ordenaban una retractación expresa y pública en las mismas redes sociales. Esos posts alcanzaron una amplia difusión, con 263.000 visualizaciones, 2.000 reposteos, 7.000 me gusta y 790 comentarios, agravando las afectaciones reputacionales alegadas por los apoderados de la exvicepresidenta, Víctor Mosquera Marín entre ellos, debido a interpretaciones literales de las afirmaciones presidenciales.
Incumplimiento de las órdenes judiciales
El juzgado concluyó que no se dio un cumplimiento integral de la sentencia del 22 de octubre de 2025 y dispuso el traslado al presidente Petro para que en un plazo de dos días informe las razones de su desacato. Este incidente de desacato busca garantizar el cumplimiento efectivo de los fallos de tutela, reafirmando la vigencia de las decisiones judiciales en un contexto donde las publicaciones en redes sociales de figuras públicas pueden tener un impacto masivo en la percepción pública.
«Recibimos con satisfacción esta decisión, que reafirma la importancia del respeto por las órdenes judiciales, la vigencia de los derechos fundamentales y el compromiso de la administración de justicia con el cumplimiento oportuno de sus decisiones, fortaleciendo la protección del buen nombre y la honra de las personas»
Víctor Mosquera Marín, abogado apoderado de Marta Lucía Ramírez
La resolución del juzgado en Bogotá subraya la tensión entre la libertad de expresión del presidente y la protección de derechos fundamentales, abriendo la puerta a un escrutinio adicional por parte de la Comisión de Acusación, en un momento clave para la administración de justicia en Colombia.
