El Juzgado 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá declaró improcedente la tutela interpuesta por Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo que cierra la inscripción de su comité para la recolección de firmas de cara a su aspiración presidencial para las elecciones de 2026. Esta decisión judicial, emitida en la capital del país, niega cualquier vulneración de derechos y abre un plazo de tres días para impugnar la providencia, en un contexto donde la recolección de firmas está programada hasta el 17 de diciembre próximo y la consulta presidencial se llevará a cabo el 26 de octubre de 2025.
La resolución argumenta que no se acreditó un perjuicio irremediable en contra de Quintero, ya que el propio aspirante superó los plazos electorales por su cuenta y no por una omisión o acción lesiva de la Registraduría. El juzgado enfatizó que esta entidad se limitó al cumplimiento objetivo de sus funciones constitucionales y legales, resolviendo los recursos presentados por el interesado. Además, ordenó notificar el fallo y remitir el expediente a la Corte Constitucional para revisión.
Contexto de la coalición y antecedentes judiciales
El caso se enmarca en las tensiones dentro de la coalición Pacto Histórico, que buscaba una fusión y personería jurídica para la consulta presidencial, pero Quintero presentó su postulación tras una medida provisional del Tribunal Superior de Bogotá en septiembre, la cual fue revocada posteriormente. La Registraduría había señalado que la consulta solo aplica para aspirantes de la Unión Patriótica, el Partido Comunista y el Polo Democrático, debido a la falta de inscripción oficial del Pacto Histórico, aunque una medida provisional previa permitió una inscripción temporal de los aspirantes de esta coalición. Por otro lado, precandidatos de estos partidos suscribieron un acuerdo sin incluir a Quintero. En línea similar, el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá también declaró improcedente otra tutela relacionada.
“Tampoco se acreditó un perjuicio irremediable en contra de Daniel Quintero Calle. Lo dicho se fundamenta con base en los términos del calendario electoral, del cual ya se evidenció que el propio accionante los superó por su propia cuenta y no por un aparente actuar omisivo o lesivo atribuible a la Registraduría Nacional del Estado Civil”
Juzgado 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá
“La Registraduría se limitó al cumplimiento objetivo de sus funciones constitucionales y legales; motivo mismo por el que se resolvieron los recursos que interpuso el propio interesado”
Juzgado 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá
“PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la protección constitucional de tutela deprecada por JORGE ANDELFO ORTEGA JAIMES como agente oficio del señor DANIEL QUINTERO CALLE en contra de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL”
Juzgado 62 Administrativo de Bogotá
Reacción de Daniel Quintero
A pesar del revés, Quintero Calle mantiene su determinación y acata la decisión, aunque planea impugnarla. El exalcalde antioqueño destacó que el juzgado no negó su razón, sino que remitió el caso al Consejo de Estado, un proceso que demoraría años y chocaría con el plazo de recolección de firmas hasta el 17 de diciembre. No obstante, ve una salida viable en la opción de aceptar el aval de un partido político, ya que varios le han ofrecido esta alternativa.
“No nos dejaron recoger firmas pero nos queda la alternativa de aceptar el aval de un partido. Hay varios que nos la han ofrecido”
Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín
“No dijeron que no tuviéramos la razón, sino que debía ir al Consejo de Estado que demora años. Dado que la recolección de firmas va hasta el 17 de diciembre ya no daría. Acataremos la decisión, impugnaremos, pero más importante: Seguiremos adelante”
Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín
Con esta resolución, las aspiraciones de Quintero para la consulta presidencial del 26 de octubre de 2025 enfrentan un obstáculo significativo, pero su insistencia en avanzar mediante un aval partidista podría reconfigurar su estrategia política de cara al 2026, en un panorama electoral marcado por disputas legales y coaliciones fragmentadas.
