El Juzgado 34 de Familia de Bogotá dejó sin efecto la medida cautelar que frenaba los bombardeos contra estructuras armadas con presencia de menores reclutados, pero impuso nuevas condiciones para autorizar cada ataque, según el fallo que resuelve la tutela presentada por el abogado Ower Jimmy Borda Parra. La decisión permite reanudar las operaciones aéreas siempre que se aplique un «estándar reforzado de precaución», lo que implica examinar individualmente la situación de las víctimas de reclutamiento ilícito antes de ejecutar cualquier bombardeo.
El fallo se produce después del bombardeo del 27 de agosto de 2026 en El Retorno, Guaviare, contra disidencias al mando de alias Calarcá, donde murieron tres menores de edad, según confirmó el Instituto Nacional de Medicina Legal. La medida cautelar previa había frenado las operaciones aéreas contra estructuras armadas que tuvieran adolescentes reclutados, pero ahora el juzgado determinó que los bombardeos podrán reanudarse «aun cuando exista información sobre la presencia de niños y adolescentes en los campamentos», siempre que se cumpla con la nueva exigencia de valoración individual.
Las exigencias del juzgado
El Juzgado 34 de Familia, con sede en Bogotá, estableció que antes de cada ataque las Fuerzas Militares deberán realizar un análisis pormenorizado de la situación de los menores que puedan estar en el objetivo, evaluando su condición de víctimas de reclutamiento ilícito. Esta medida busca equilibrar la necesidad de combatir a grupos armados ilegales con la protección de los derechos de la infancia, un tema que ha generado controversia en el país. La tutela fue interpuesta por el abogado Ower Jimmy Borda Parra, quien cuestionó la operación del 27 de agosto que dejó tres menores fallecidos.
La noticia está en desarrollo y se espera que las Fuerzas Militares ajusten sus protocolos para cumplir con el estándar reforzado de precaución exigido por el juzgado, mientras las organizaciones de derechos humanos siguen de cerca la implementación de esta decisión que podría sentar un precedente para futuras operaciones en zonas donde el reclutamiento forzado de menores es una práctica recurrente por parte de grupos armados.
