El Juzgado Octavo de Ejecución de Penas de Bogotá ha ordenado la recopilación de pruebas y documentos necesarios para evaluar la solicitud de libertad condicional presentada por la defensa de David Murcia Guzmán, el controvertido creador del grupo DMG. Esta petición, introducida el pasado 21 de abril de 2026, busca la excarcelación del empresario basándose en la acumulación de sus condenas en Colombia y Estados Unidos. El expediente, que se encuentra actualmente en la cárcel La Picota de Bogotá, proviene de la prisión Tramacúa en Valledupar, y será trasladado físicamente a la capital a través del Consejo Superior de la Judicatura para este análisis.
David Murcia Guzmán cumple una condena de 22 años en Colombia por captación masiva ilegal de dinero y lavado de activos, impuesta por la Corte Suprema de Justicia. Además, pasó nueve años en prisión en Estados Unidos desde su extradición en 2010, lo que suma un total de 17 años privado de la libertad. Su defensa argumenta que este tiempo en EE.UU. debería extinguir la pena colombiana, alegando una doble persecución penal por los mismos hechos. Esta no es la primera vez que se intenta; desde 2022 ha presentado al menos seis peticiones similares, en fechas como el 19 de septiembre de 2022, el 29 de mayo de 2023, el 8 de diciembre de 2025, el 9 de febrero de 2026, el 9 de marzo de 2026, el 20 de marzo de 2026 y el 23 de abril de 2026.
Múltiples intentos y contexto del caso
Tras su deportación de Estados Unidos, Murcia Guzmán fue trasladado a la cárcel de Valledupar en abril de 2019. En octubre de 2025, solicitó indultos y su designación como gestor de paz al Gobierno Petro mediante una carta, sumándose a otras peticiones dirigidas tanto a juzgados como al Ejecutivo. Este nuevo proceso de recopilación probatoria representa una oportunidad para resolver su situación carcelaria después de varios intentos fallidos, centrados en el reconocimiento de las condenas internacionales.
«Fui perseguido, acusado de lavar dinero a la guerrilla colombiana, a narcotraficantes, a paramilitares y otras calumnias, pero finalmente, no tenía ninguna prueba para ello, porque no era verdad. Me acusaron de captación ilegal masiva de dinero, como delito subyacente, desconociendo que los clientes tarjetahabientes hacían sus recargas como ‘anticipo de compra de bienes, productos o servicios’.»
David Murcia Guzmán, empresario
La decisión del Juzgado Octavo podría marcar un punto de inflexión en el largo periplo judicial de Murcia Guzmán, cuyo caso DMG sigue generando debate sobre las prácticas financieras y la persecución penal en el país. Mientras tanto, el traslado del expediente desde Valledupar abre la puerta a una resolución definitiva sobre su posible libertad condicional.
