El Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá ratificó la preclusión de la investigación por calumnia contra la periodista Lina Castillo y declaró prescrita la acción penal por el delito de injuria, dentro del proceso que el exconcejal y exgerente de RTVC, Hollman Morris, inició en su contra tras las denuncias públicas de acoso sexual y laboral que ella formuló en 2019. La decisión judicial, que no establece responsabilidad penal para la comunicadora, pone fin a la causa por calumnia, mientras que el delito de injuria se archivó por vencimiento del plazo legal para su persecución. La discusión jurídica en este caso incorporó la figura del escrache como una forma de protesta pública reconocida por la Corte Constitucional dentro de la libertad de expresión, un elemento clave para la valoración de las declaraciones de Castillo como ejercicio legítimo de denuncia pública.
El caso se originó cuando Lina Castillo, quien trabajaba en el equipo de Hollman Morris en el Concejo de Bogotá, relató públicamente que había sido víctima de acoso sexual y laboral durante su vinculación laboral. La periodista denunció comentarios sobre su cuerpo y color de piel, solicitudes de asistir a la oficina con falda y un tocamiento de piernas durante un almuerzo laboral. Frente a estas acusaciones, Morris respondió con una denuncia por injuria y calumnia, y en 2023 la Fiscalía Seccional de Bogotá presentó un escrito de acusación en contra de Castillo. Sin embargo, en marzo de 2026, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, retiró el expediente de la seccional bogotana y lo asignó a la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema, Marcela Abadía, para que analizara el caso desde la perspectiva de la relación de poder entre las partes.
Contexto de las denuncias y movilización social
La ratificación de la preclusión parcial se da en medio de una amplia movilización de periodistas, abogadas y mujeres que respaldaron a Lina Castillo a lo largo del proceso. Más de cien periodistas y abogadas firmaron una carta solicitando una nueva valoración del caso, mientras que más de cuarenta mujeres suscribieron un comunicado en el que denunciaron un presunto patrón para silenciar a quienes acusan a Morris. Además, otro grupo de cincuenta mujeres cuestionó la causa penal contra Castillo y la calificó como una judicialización de la denuncia pública, es decir, el uso del sistema judicial para desalentar o castigar a quienes ejercen su derecho a denunciar. Entre las firmantes de estos pronunciamientos estuvieron reconocidas figuras del periodismo colombiano como María Jimena Duzán, Jineth Bedoya Lima y Catalina Ruiz Navarro. De forma paralela, la periodista mantiene una tutela pendiente ante la Corte Constitucional para proteger su derecho a denunciar sin consecuencias penales. La decisión del Juzgado 55 Penal del Circuito, aunque parcial, representa un respaldo al ejercicio de la denuncia pública como parte del derecho a la libertad de expresión y a la protección de las víctimas de acoso en entornos laborales.
