Un juzgado de Marinilla, Antioquia, ordenó el arresto de cinco días y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes contra el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán Calderón, y el director de Historia Laboral de la entidad, José Luis Santaella Bermúdez, por desacatar una orden judicial. La sanción, de carácter personal y no pagadera con recursos institucionales, fue impuesta mediante el Auto Interlocutorio 661 del 7 de julio de 2026, luego de que los funcionarios no cumplieran con un fallo emitido el 20 de mayo del mismo año por el Tribunal Superior de Antioquia. El proceso se originó por la negativa de Colpensiones a corregir de fondo la historia laboral de un afiliado, quien promovió un incidente de desacato al vencer el plazo establecido.
La orden judicial exigía a la entidad responder de manera clara, motivada y detallada sobre el origen de las diferencias entre las semanas certificadas por Protección y las registradas en la historia laboral del afiliado, así como aclarar si los aportes realizados entre 1982 y 1994 fueron incluidos en dicho registro. El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Marinilla, encargado de ejecutar la decisión, concluyó que la conducta de Colpensiones no justificó el incumplimiento. La entidad argumentó que ya había respondido, que los aportes figuraban en la historia laboral y que existía un “hecho superado”, además de señalar gestiones ante el Ministerio de Defensa. Sin embargo, el juzgado no aceptó estas justificaciones y determinó que la respuesta no fue de fondo ni motivada, por lo que procedió a sancionar a los directivos.
Caída de sistemas en plena carrera contra el plazo
El caso se enmarca en un contexto de alta tensión para los afiliados al sistema pensional, pues la sanción se produjo en la recta final del plazo para el traslado entre regímenes, que vencía el jueves 16 de julio de 2026. Entre el 3 y el 5 de julio, Colpensiones experimentó una caída de sus plataformas debido a un proceso planificado de fortalecimiento y migración tecnológica, lo que generó malestar entre usuarios y abogados especializados. Oliden Riaño Acelas, funcionario público de Bucaramanga, relató que acudió a la entidad y le dijeron que “estaban sin sistema”. Por su parte, el abogado Óscar Iván Palacio Tamayo expresó en redes sociales: “Colpensiones SIN SISTEMA a días del plazo. Exijo respuestas por caída de plataformas. Esto es gravísimo porque hay un plazo perentorio para el cálculo actuarial”. La entidad suspendió temporalmente la migración tecnológica para garantizar la atención, pero no emitió pronunciamiento sobre fallas posteriores al 5 de julio.
“He ido a Colpensiones el lunes de la semana pasada y me dijeron que estaban sin sistema”
Oliden Riaño Acelas, funcionario público de Bucaramanga
“Colpensiones SIN SISTEMA a días del plazo. Exijo respuestas por caída de plataformas. Esto es gravísimo porque hay un plazo perentorio para el cálculo actuarial”
Óscar Iván Palacio Tamayo, abogado especializado en pensiones
De acuerdo con Asofondos, hasta el 15 de junio de 2026 más de 153.000 trabajadores habían realizado el traslado entre regímenes pensionales, una cifra que refleja la magnitud del proceso. La sanción contra Dussán y Santaella fue remitida al Tribunal Superior de Antioquia para consulta obligatoria, instancia que deberá confirmar o revocar la medida. Mientras tanto, Colpensiones señaló que la certificación solicitada no era viable según la documentación expedida en 2001, argumento que el juzgado desestimó al considerar que la entidad debió resolver de fondo la petición del afiliado, sin escudarse en la antigüedad de los registros. La decisión sienta un precedente sobre la responsabilidad personal de los directivos frente a órdenes judiciales incumplidas, en un contexto donde la confiabilidad de los sistemas pensionales y la oportunidad en las respuestas están en el centro del debate público.
