El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Villa del Rosario, en Norte de Santander, impuso tres días de arresto domiciliario al gobernador William Villamizar y una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes por desacato a una sentencia de tutela. La decisión, proferida por la jueza Malbis Leonor Ramírez Sarmiento, responde al incumplimiento de una orden judicial que exigía el reintegro de la accionante Cruz Belén Lizarazo Peñaranda a una notaría con vacantes disponibles o, en su defecto, la expedición de un acto administrativo motivado para su retiro, acompañado de las cotizaciones correspondientes al Sistema General de Seguridad Social.
La tutela original fue emitida el 19 de diciembre de 2025 por el Juzgado Segundo de Familia de Los Patios, y tras un requerimiento realizado el 14 de enero de 2026, se radicó el incidente de desacato el 29 de enero del mismo año. A pesar de las gestiones internas alegadas por la Gobernación, que incluyeron contactos con el área de talento humano, la Asamblea Departamental, la Superintendencia de Notariado y Registro, y Colpensiones, el juzgado consideró que no se acreditó una ejecución efectiva de la providencia, lo que derivó en la sanción contra el mandatario departamental.
Argumentos de la Gobernación y el fallo judicial
La administración de Villamizar defendió su posición argumentando que los notarios no son empleados públicos, citando jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, además de cuestionar la condición de prepensionada de Lizarazo Peñaranda al verificar sus semanas cotizadas. Alegaron imposibilidad jurídica y presupuestal para vincularla a un cargo inexistente. Sin embargo, el fallo judicial reitera la obligación ineludible de los funcionarios públicos de acatar las sentencias, independientemente de objeciones jurídicas o limitaciones presupuestales, subrayando la supremacía de las decisiones judiciales en materia de derechos fundamentales.
Este caso resalta las tensiones entre el Ejecutivo departamental y el Poder Judicial en Norte de Santander, donde la protección de derechos laborales vía tutela choca con las restricciones administrativas, dejando al gobernador en una situación inédita que podría escalar si no se materializa el cumplimiento oportuno de la orden.
