Un juzgado especializado de Villavicencio ha programado para el 20 de febrero el llamado a juicio contra doce miembros de la comunidad menonita residentes en Puerto Gaitán, Meta, desde 2016, acusados de deforestar 110 hectáreas de bosque —equivalentes a 65 canchas de fútbol— y construir cuatro puentes sin los permisos ambientales requeridos en la vereda La Cristalina. La Fiscalía, junto con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del área Especial La Macarena (Cormacarena) y el Ministerio de Ambiente como víctimas, imputa a los procesados cargos por aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, daño en recursos naturales, invasión de áreas de especial importancia ecológica e incendios. Esta decisión se tomó tras la reanudación de las audiencias penales este 15 de enero, con aval de las víctimas, en un proceso que había sido suspendido en septiembre de 2024.
Los hechos ocurrieron entre 2017 y 2021, cuando los menonitas, originarios de México y atraídos por las tierras fértiles de Puerto Gaitán para cultivos de maíz y soya, removieron la cobertura vegetal mediante tala mecanizada y construyeron puentes de entre seis y siete metros de ancho por 11 a 16 metros de largo sobre cauces como los caños Chivalona y Barrulia, afectando el humedal Laguna del Merey. Estas acciones generaron erosión del suelo, interrupción de corredores ecológicos y daños graves a ecosistemas protegidos, todo sin autorización de Cormacarena. Una inspección de funcionarios del CTI confirmó la invasión de cauces de agua, mientras que el abogado defensor vio desestimados sus recursos para excluir al Ministerio de Ambiente como víctima.
Reanudación del proceso y compromisos ambientales
El proceso penal, suspendido previamente, se reanudó el 15 de enero tras una reunión el 12 de diciembre de 2024 y con la socialización de doce conceptos técnicos para un plan de recuperación ambiental, cuya propuesta se presentará el 23 de enero. La Procuraduría y el juzgado destacaron la gravedad de los hechos, subrayando la falta de permisos pese a la experiencia agrícola de los acusados.
“Además, lo que se investiga es si hubo una afectación contra los recursos naturales, los cuales son un atentado contra la Nación, contra la humanidad. El Estado colombiano ha suscrito compromisos internacionales para proteger el medio ambiente”
Procurador ante el juzgado
“tienen experiencia en la actividad agrícola, sabían que para talar árboles y remover la cobertura vegetal se requiere permiso o autorización de la autoridad ambiental y no lo obtuvieron. Significa que esto era un delito y, sin embargo, con su voluntad, quisieron la realización de las obras”
Documento de acusación de la Fiscalía
Este caso resalta los desafíos para proteger las áreas ecológicas en el Meta, donde la expansión agrícola choca con normativas ambientales estrictas, y marca un avance en la judicialización de delitos contra el medio ambiente en la región, con el llamado a juicio como próximo paso clave para determinar responsabilidades y avanzar en la restauración de los ecosistemas afectados.
