En un fallo de 33 páginas, el Juzgado 47 Penal Municipal de Medellín determinó que la cancelación de la presentación del libro “El M-19: De la guerra a la política”, ordenada por el alcalde Federico Gutiérrez en abril de 2026, constituyó un acto de censura y vulneró derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación política. La jueza Victoria Elena Buelvas Álvarez resolvió la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Santiago Alarcón Serna contra la Alcaldía de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto, y ordenó a la administración municipal emitir un comunicado oficial de reparación en un plazo de 48 horas, reconociendo la afectación causada.
El evento académico, organizado por la Editorial Desde Abajo, estaba programado para el 21 de abril de 2026 en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Contaba con la participación de los panelistas Fredy Alexander Chaverra Colorado y José Miguel Sánchez, y tenía como objeto la difusión del libro escrito por Jaime Rafael Nieto López. Sin embargo, horas antes de su inicio, el alcalde Federico Gutiérrez publicó en su cuenta oficial de X una orden de cancelación, argumentando que se trataba de apología al terrorismo y que el acto tenía un “carácter evidentemente político”, además de invocar la Ley de Garantías como sustento legal. La jueza, al examinar el caso, concluyó que no existían pruebas objetivas de proselitismo electoral y que la decisión se basó en valoraciones subjetivas sin sustento probatorio, configurando así censura previa, prohibida por la Constitución colombiana.
Detalles del fallo y la reparación
El fallo, que lleva la firma de la jueza Buelvas Álvarez, señala textualmente: “Dicha conducta configuró un acto de censura al utilizar su posición de poder para ordenar la cancelación o impedir el normal desarrollo de un evento en el que se difundían ideas de interés público”. La acción de la Alcaldía, según la sentencia, alteró el desarrollo normal de la actividad, a pesar de que el evento finalmente se realizó el mismo día por iniciativa de los asistentes, pero sin el apoyo logístico de la administración y bajo presencia policial. La jueza aclaró que la realización eventual del acto no elimina la vulneración de derechos, ya que la actuación oficial introdujo un clima de intimidación y control que desnaturalizó el propósito del encuentro académico.
“Dicha conducta configuró un acto de censura al utilizar su posición de poder para ordenar la cancelación o impedir el normal desarrollo de un evento en el que se difundían ideas de interés público”
Juzgado 47 Penal Municipal de Medellín (citado por El Colombiano)
La medida de reparación ordenada por el juzgado consiste en que la Alcaldía de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto emitan un comunicado oficial en el que reconozcan la vulneración de los derechos fundamentales. Dicho comunicado deberá difundirse a través de los mismos canales institucionales que se utilizaron para anunciar la cancelación, es decir, las cuentas oficiales y plataformas digitales de la administración municipal. No se ordenó una nueva presentación oficial del libro, debido a que la actividad se efectuó en la fecha prevista, aunque en condiciones anómalas. El fallo refuerza la prohibición constitucional de censura previa en Colombia y sienta un precedente sobre los límites del poder ejecutivo frente a eventos académicos y culturales.
