El Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes de Bogotá emitió un fallo de tutela que ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores proteger en un plazo máximo de 48 horas los libros de la Biblioteca Marco Fidel Suárez, tras concluir que el cierre del servicio y las condiciones de almacenamiento vulneraron los derechos culturales, de acceso a la información pública y a la educación. La acción judicial fue presentada por la abogada Cindy Reyes Sinisterra, quien celebró la decisión como una primera victoria para la protección de esta colección especializada. El ministerio deberá corregir de inmediato los riesgos de humedad, filtraciones y deficiencias eléctricas detectados en la Casa José María Melo, lugar donde fueron trasladados los volúmenes entre el 29 y 30 de octubre como parte de una reorganización de espacios para la nueva sede de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo.
La biblioteca alberga más de veintiún mil volúmenes especializados en derecho, filosofía, historia, política internacional, tratados y asuntos diplomáticos, además de cerca de dos mil libros patrimoniales cuya ubicación exacta es incierta. Inspecciones realizadas por la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación evidenciaron condiciones críticas: cajas dispuestas directamente en el piso, materiales apilados en exceso, instalaciones eléctricas incompletas y una peligrosa cercanía a baños y cocinas. El juez no ordenó el retorno de los ejemplares al Palacio de San Carlos, pero sí impuso medidas cautelares para garantizar su integridad física y la consulta pública.
Plazos y obligaciones
En un plazo de cinco días hábiles, la Cancillería deberá informar con exactitud dónde se encuentra almacenada cada parte de la colección y proponer un mecanismo provisional que permita a la ciudadanía acceder a los libros. Durante el proceso, la entidad no presentó ningún acto administrativo ni acta de entrega y recibo de la colección, lo que agravó la falta de transparencia señalada por la accionante. El fallo también prohíbe expresamente a la Cancillería descartar, donar o trasladar cualquier ejemplar sin un acto administrativo motivado, un inventario físico debidamente conciliado y las autorizaciones de especialistas en la materia.
“Tenemos una primera victoria para proteger la biblioteca Marco Fidel Suárez de la Cancillería. La justicia reconoció que el ministerio vulneró los derechos de acceso a la información, la educación y la cultura”.
Cindy Reyes Sinisterra, abogada accionante
La abogada, quien ha anunciado que ejercerá una veeduría estricta sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales, fue contundente al advertir que si no se respetan los plazos de 48 horas y cinco días hábiles, exigirá ante la justicia que los libros regresen a la Cancillería. “Haré veeduría para que, dentro de esas 48 horas y esos cinco días hábiles, se cumplan las órdenes. De lo contrario, exigiremos ante la justicia que los libros vuelvan a la Cancillería”, afirmó la abogada en declaraciones posteriores al fallo.
El servicio de consulta de la biblioteca está restringido desde el pasado 21 de septiembre, lo que ha generado malestar entre investigadores, estudiantes y diplomáticos que dependían de este acervo especializado. La decisión judicial representa un precedente en la defensa del patrimonio bibliográfico del país y pone en evidencia la necesidad de que las instituciones garanticen no solo la conservación física de las colecciones, sino también el acceso público como parte fundamental del derecho a la cultura y la educación.








