El Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró en desacato a la directora general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), Jensy Johana Osorio Porras, y dispuso su arresto por tres días además de una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. La decisión se tomó tras constatar que la funcionaria incumplió una orden de tutela que exigía el nombramiento de un ciudadano en un cargo de carrera administrativa como analista de sistemas, desacato que se mantuvo durante más de cuatro meses, entre junio y septiembre de 2026.
El fallo original de tutela fue proferido el 11 de junio de 2026 y otorgó a la Uariv un plazo de 48 horas para materializar el nombramiento del ganador del concurso de méritos. Sin embargo, la entidad no solo omitió la orden judicial, sino que el 18 de agosto de 2026 posesionó a Alba Nubia Alvarado Venegas en el mismo cargo, con pleno conocimiento de la medida vigente. El juzgado subrayó que la imposibilidad material aducida por la Uariv, basada en la falta de vacante, fue creada deliberadamente por la propia entidad al designar a otra persona.
Argumentos rechazados y antecedentes del caso
La Uariv argumentó que el ciudadano no cumplía con el requisito de especialización tecnológica exigido para el cargo, por lo que expidió dos resoluciones para abstenerse del nombramiento: la Resolución 00544 del 7 de abril de 2026 y la Resolución 01045 del 20 de mayo de 2026. No obstante, el juzgado determinó que esa verificación ya había sido realizada por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), que evaluó y habilitó al ciudadano en el concurso de méritos, por lo que la Uariv no podía reabrir esa discusión. Además, la entidad no impugnó la sentencia de tutela original y guardó silencio durante el trámite, lo que llevó a que la decisión hiciera tránsito a cosa juzgada y se encuentra actualmente en revisión ante la Corte Constitucional.
El juzgado también negó una solicitud de nulidad presentada por la Uariv el 29 de julio de 2026, fecha en la que la otra persona aún no se había posesionado. La declaración de desacato fue acompañada por la orden de compulsar copias al Grupo de Control Interno Disciplinario de la Uariv para que se inicien actuaciones contra la directora Osorio Porras. La actuación fue remitida al Tribunal Superior de Bogotá para el grado de consulta, mientras la entidad intenta justificar su proceder con argumentos que el despacho calificó como una decisión deliberada de desacatar la orden judicial.
