La representante a la Cámara por el Partido Verde, Katherine Miranda, presentó recientemente una solicitud formal ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para que investiguen el contrato por 10.000 millones de pesos suscrito por la Presidencia de la República con el fin de contratar servicios de defensa legal para el presidente Gustavo Petro, relacionado con su inclusión en la llamada lista Clinton de sanciones económicas por presunto narcotráfico. Miranda, quien divulgó la radicación a través de un video en redes sociales como @KatheMirandaP y @MirandaBogota, cuestiona el uso de recursos públicos en un proceso de carácter personal del mandatario.
El contrato, revelado mediante una minuta divulgada por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), fue suscrito con la firma británica Amadeus Consultancy Limited, representada por el abogado estadounidense Daniel Martin Kovalik. Su objeto principal es proporcionar asesoría jurídica especializada en análisis normativo, estratégico y técnico del régimen de sanciones financieras internacionales, ante la supuesta falta de personal capacitado en Presidencia para manejar este tema. Según los términos acordados, el pago se realizará en cuatro cuotas iguales de 500.000 libras esterlinas mensuales entre enero y abril de 2026, financiadas con impuestos de los colombianos.
Cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos
Katherine Miranda, quien pasó de ser activista en la campaña de Petro a opositora actual de su gobierno, argumenta que este servicio, inicialmente calificado como gratuito por el propio Kovalik, se convirtió en un multimillonario acuerdo con su firma de abogados sin una explicación clara sobre su necesidad, cuantía ni el procedimiento de contratación seguido. En medio de la atención creciente sobre contratos recientes de entidades gubernamentales, la congresista exige verificar posibles irregularidades.
“Radicamos formalmente una solicitud ante la Contraloría y ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue el contrato por 10.000 millones de pesos suscrito para la defensa del presidente Gustavo Petro frente a un proceso personal relacionado con la llamada lista Clinton”.
Katherine Miranda, representante a la Cámara
La solicitud busca determinar si se configuró un detrimento patrimonial, violaciones a los principios de la contratación pública y eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales, como peculado o contratación irregular. Miranda enfatiza que los recursos del Estado no deben destinarse a defender intereses personales del presidente, sino al interés general de la nación.
“Este servicio jurídico, que según el abogado Daniel Kovalic era gratuito, terminó convirtiéndose en un contrato multimillonario a su firma de abogados, financiado con los impuestos de todos los colombianos, sin que exista hasta ahora una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía ni el procedimiento de contratación”.
Katherine Miranda, representante a la Cámara
“Los recursos públicos no pueden utilizarse para defender intereses personales del presidente Gustavo Petro y menos aún en procesos que no representan un interés general del Estado”.
Katherine Miranda, representante a la Cámara
En su cierre, la representante apela a la transparencia que Colombia merece, alertando que los impuestos no pueden convertirse en la chequera personal del presidente Petro. Fuentes como Infobae y cuentas oficiales de Presidencia, incluyendo a César Carrión, respaldan los detalles del caso, que sigue bajo escrutinio en un contexto de mayor vigilancia sobre el gasto público.
“Por eso solicitamos que se investigue si aquí pudo haberse configurado un detrimento patrimonial, violación a los principios de la contratación pública y eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales como peculado o contratación irregular”.
Katherine Miranda, representante a la Cámara
“Colombia merece transparencia. Los impuestos de los colombianos no pueden convertirse en la chequera personal del presidente Petro”.
Katherine Miranda, representante a la Cámara
