La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, junto a la actriz y activista social Johana Bahamón, radicaron en el Congreso de la República de Colombia el proyecto de ley “Segundas Oportunidades 2.0”, una iniciativa destinada a facilitar la reintegración social y laboral de las personas que han cumplido sus condenas en centros penitenciarios. Esta propuesta establece la creación de un Programa Nacional de Reintegración Social y Económica, una Ruta Nacional de Reintegración y un Subsidio de Segunda Oportunidad, con el objetivo de garantizar acceso a educación, empleo, apoyo psicosocial y reducir así la reincidencia delictiva.
En Colombia, más de 11.000 personas recuperan su libertad cada año tras cumplir su pena, pero muchas enfrentan barreras para reconstruir sus vidas, lo que hace urgente esta medida que amplía y fortalece la Ley de Segundas Oportunidades aprobada en 2022. El proyecto invita al Estado a unirse al sector privado en programas de reintegración y cuenta con el respaldo de todas las bancadas políticas en el Congreso. Además, ofrece apoyo educativo, orientación psicológica, asistencia en trámites y facilidades laborales para promover la reconstrucción de proyectos de vida y fortalecer la convivencia social.
El llamado a la responsabilidad estatal
Las promotoras del proyecto enfatizan la necesidad de que el Estado lidere este proceso. “Si exigimos que una persona se reintegre, el Estado debe ser el primero en abrir la puerta del empleo y dar el ejemplo”, declaró Katherine Miranda. La representante también destacó que “le estamos apostando realmente a una ruta de reincorporación, donde no solamente estamos hablando de temas de empleo, sino también de un acompañamiento psicológico, de un acompañamiento para una reinserción laboral”.
“En Colombia, más de once mil personas recuperan su libertad cada año después de cumplir su condena (…) La Constitución nos ordena a garantizar la dignidad humana, la igualdad material y la resocialización como deber del Estado. Pero hoy, quienes ya pagaron su deuda, siguen siendo la única población vulnerable sin un programa nacional que los acompañe. Por eso la importancia de este proyecto de ley”.
Johana Bahamón, actriz y activista social
El proyecto tiene como plazo límite para su aprobación el 20 de junio de 2026, representando un paso clave para cumplir con los mandatos constitucionales de dignidad humana y resocialización, al tiempo que se atiende a una de las poblaciones más vulnerables del país tras haber saldado su deuda con la sociedad.
