CURP biométrica: cambios normativos, fechas clave y preocupaciones pendientes
El gobierno dio a conocer la versión biométrica de la Clave Única de Registro de Población como una herramienta orientada a optimizar trámites y facilitar la ubicación de personas reportadas como desaparecidas. Organizaciones de derechos humanos, especialistas en tecnología y defensores de migrantes advierten sobre posibles riesgos de vigilancia excesiva y vulnerabilidad ante incidentes de seguridad si no se establecen mecanismos de supervisión independientes y controles robustos.
«Este programa busca agilizar trámites, reforzar la protección de la información y garantizar un uso responsable» – Portavoz del Gobierno
En su función, la CURP biométrica continúa actuando como identificador único para cada persona que reside en el país, ya sea de origen mexicano o extranjero. Su uso facilita el acceso a servicios públicos como atención médica y seguridad social, y también es requisito para obtener documentos oficiales como pasaportes.
Entre las modificaciones destaca la incorporación de elementos biométricos, como huellas dactilares, reconocimiento del iris, firma electrónica y fotografía. La actualización normativa que regula la población fue formalizada el 16 de julio de 2025 mediante una reforma a la norma que rige dicha materia, con la publicación correspondiente en una gaceta oficial, para contemplar estos datos dentro de la CURP.
La puesta en marcha de la medida dio inicio el 16 de octubre de 2025, y se espera que, para febrero de 2026, todos los módulos en el país estén en capacidad de gestionarlo.
- Formato del código: alfanumérico de 18 caracteres
- Elementos biométricos: huellas dactilares, iris, firma electrónica y fotografía
- Horizonte de implementación: inicio el 16 de octubre de 2025; cobertura total prevista para febrero de 2026
Comités y colectivos de defensa de derechos humanos señalan que la ausencia de supervisión independiente y de salvaguardas técnicas podría derivar en un sistema de vigilancia o en vulnerabilidades ante posibles fallos de seguridad, afectando especialmente a grupos de migrantes y a personas en situaciones vulnerables. Las autoridades subrayan la necesidad de balances entre eficiencia administrativa y protección de datos personales.
La medida ha sido sometida a revisión pública por varios actores sociales y técnicos, que demandan mecanismos claros de auditoría, transparencia y control de usos para evitar abusos y garantizar que la información biométrica se maneje dentro de marcos legales estrictos.
