El empresario colombiano Álvaro Pulido, amigo y socio de Alex Saab, quien está señalado como testaferro de Nicolás Maduro, fue trasladado por la DEA desde una prisión de Caracas hacia Florida en un operativo aéreo para enfrentar dos procesos por presunto lavado de activos y fraude vinculados al programa de alimentación Clap. La operación, ejecutada con el beneplácito del gobierno de transición liderado por Delcy Rodríguez, se produjo cinco meses después de que Saab fuera deportado desde Venezuela a Estados Unidos el 16 de mayo de 2026. Pulido, también identificado como Germán Enrique Rubio Salas, permanecía detenido desde marzo de 2023 por el desfalco a la estatal Pdvsa. La causa está abierta en el Distrito Sur de Florida.
La investigación sostiene que Pulido formó parte de una red internacional que usó contratos de alimentos y exportaciones petroleras para mover fondos a través del sistema financiero estadounidense, desviando recursos destinados a políticas sociales como el programa Clap. Según el expediente, la red habría desviado cientos de millones de dólares mediante empresas fantasma, facturación ficticia, registros de envío y documentación adulterada para ocultar el origen de alimentos importados desde Colombia y México. Uno de los contratos bajo la lupa es el suscrito con Suvinca por 20 millones de dólares para el suministro de materiales de un polideportivo en el estado Vargas, mientras que los contratos petroleros de Pdvsa vinculados a la estructura estarían valuados en miles de millones de dólares.
Una red señalada por desvío de fondos y sobornos
Pulido ya había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2019 y por el Reino Unido en 2021, con medidas que incluyeron el congelamiento de sus activos. La investigación alcanza también a Germán Enrique Rubio Salas, identificado como hijo del empresario, así como a la compañía Good Central Hong Kong Limited, constituida en Hong Kong a nombre de Emanuel Enrique Rubio, que se benefició de la compra de dólares a precios preferenciales. Tras las sanciones económicas impuestas a Venezuela en 2019, la red habría ampliado sus operaciones mediante conexiones con funcionarios estatales y el pago de sobornos para obtener contratos de alimentos y petróleo.
El traslado de Pulido ocurre cinco meses después de que Alex Saab, exministro venezolano de 55 años, fuera deportado desde Venezuela pese a contar con un perdón presidencial de Joe Biden. Saab fue destituido de su cargo ministerial y perdió la nacionalidad venezolana antes de su deportación. Él negó estar detenido y sostuvo que mantenía el indulto, pero fuentes federales afirmaron que esa inmunidad solo cubría el primer proceso en su contra. La segunda causa, que también involucra a Pulido, es independiente del expediente por el que recibió el perdón y podría acarrearle hasta 20 años de prisión federal si es declarado culpable. Para su defensa en los tribunales, Saab designó al abogado Neil Shuster.
El gobierno transitorio venezolano comunicó que la medida contra Pulido respondió a delitos cometidos en territorio estadounidense. Se espera que en los próximos días otros dos implicados en la misma estructura sean extraídos de Venezuela por las autoridades estadounidenses, en una operación que amplía el alcance de la justicia federal sobre la red de corrupción asociada al programa Clap y a las finanzas del antiguo régimen chavista.
