Durante dos jornadas en Manizales, nueve exintegrantes del Frente 47 de las Farc-EP entregaron aportes de verdad sobre asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos ocurridos entre 2002 y 2008 en Caldas.
Magistrados de la JEP destacaron que las diligencias buscan acercar a las víctimas y a la sociedad a procesos de memoria, reconocimiento y no repetición, en una región marcada durante años por el conflicto armado.
En medio de relatos marcados por el dolor, los silencios prolongados y las preguntas que durante años no encontraron respuesta, Manizales se convirtió esta semana en escenario de una de las audiencias más significativas adelantadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Caldas.
Durante dos jornadas, nueve exintegrantes del Frente 47 de las extintas Farc-EP comparecieron ante magistrados, víctimas y representantes institucionales para entregar aportes de verdad sobre crímenes ocurridos entre 2002 y 2008 en municipios como Samaná y Marulanda.
La diligencia judicial estuvo presidida por el magistrado Pedro Elías Díaz Romero, acompañado por la magistrada Diana María Vega Laguna. Ambos insistieron en que estas audiencias no solo buscan reconstruir hechos violentos, sino acercar a las víctimas a procesos de reconocimiento, memoria y no repetición.
En diálogo con La Veintitrés, los magistrados explicaron la trascendencia de estas jornadas. Díaz Romero, destacó que se trató de una audiencia “de carácter transicional, restaurativo y dialógico” centrada en víctimas de crímenes cometidos por el Frente 47 en una zona donde esta estructura guerrillera mantuvo presencia armada y control territorial.
“Los comparecientes, nueve comparecientes exmiembros de las Farc, vienen aportando verdad sobre lo ocurrido ante las víctimas de estos hechos, quienes tendrán la opción de valorar y aceptar o no esta verdad, así como la presentación de solicitudes de perdón, de dignificación a sus seres queridos, víctimas de estos hechos, de memoria y de garantía de no repetición”, agregó el magistrado.
Cabe señalar que las diligencias hacen parte de la Ruta No Sancionatoria de la JEP, un mecanismo dirigido a comparecientes que no son considerados máximos responsables dentro del conflicto armado. Bajo esta figura, quienes se someten al sistema deben aportar verdad plena, reconocer responsabilidades y comprometerse con medidas de reparación simbólica y garantías de no repetición para poder resolver su situación jurídica.
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Cuatro casos particulares
Los casos abordados durante la audiencia reflejan algunas de las heridas más profundas que dejó la guerra en el oriente de Caldas. Entre ellos están el desplazamiento forzado del profesor Carlos Augusto Molina Granada en 2007; la desaparición forzada del docente Pedro Julio Quiceno Morales ese mismo año; el asesinato del alcalde electo de Marulanda, Rigoberto Castaño Tovar, en 2006; y el homicidio de Gustavo Aristizábal Rendón en 2002, seguido del desplazamiento de su familia.
La audiencia estuvo marcada por el relato de víctimas y familiares que durante años buscaron respuestas. Uno de los casos que generó mayor atención fue el del profesor Pedro Julio Quiceno Morales, desaparecido hace 19 años en zona rural de Samaná.
Según se conoció durante la diligencia, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha adelantado labores de búsqueda desde 2019 en corregimientos como Florencia y Berlín, donde se han recuperado cerca de 47 cuerpos en cementerios y zonas abiertas, gracias al cruce de información con habitantes del territorio.
Precisamente, Andrés Felipe Marín Arcila, coordinador territorial de la UBPD en Caldas, explicó que la entidad ha venido consolidando información clave para avanzar en varios casos de desaparición forzada ocurridos en la región.
Por su parte, Andrés Felipe Pérez Sierra presentó avances técnicos relacionados específicamente con la búsqueda de Pedro Julio Quiceno Morales. Indicó que la entidad ya cuenta con perfiles genéticos completos de sus hermanos y que desde 2020 se han realizado entrevistas forenses, toma de muestras biológicas y contrastes de información con Medicina Legal y otras instituciones.
A propósito de esta agenda en los territorios, la magistrada Diana María Vega Laguna destacó para La Veintitrés la relevancia regional y social de estas jornadas judiciales y afirmó que los aportes de verdad tienen un valor que trasciende a las víctimas directas.
“El balance creo que es muy positivo porque estas diligencias son importantes para la región en el sentido de que no solamente las víctimas, sino la sociedad en general, los pobladores, las comunidades, están esperando por parte de todos los actores armados, en este caso de las Farc-EP, un reconocimiento sobre la verdad de los hechos ocurridos durante el conflicto”, sostuvo.
La magistrada señaló que los casos tratados durante las audiencias reflejan dinámicas violentas que impactaron a toda la región cafetera durante los años más intensos del conflicto armado.
“Estamos ventilando cuatro casos importantes que ocurrieron aquí en la región entre el año 2002 y 2008, específicamente en los municipios de Marulanda y de Samaná, pero que hacen parte de lo que ocurría en toda esta región cafetera”, expresó.
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Escenario inédito de rendición de cuentas
Durante las jornadas, los comparecientes respondieron preguntas formuladas por la magistratura, representantes del Ministerio Público y víctimas acreditadas dentro de los procesos. Según explicó Vega Laguna, esta participación hace parte de las obligaciones adquiridas por quienes se someten a la justicia transicional.
“Ellos tienen la obligación, están sometidos a un régimen de condicionalidad que los obliga a aportar verdad cuando la JEP así lo requiera y así lo están haciendo, están respondiendo preguntas de la magistratura, del Ministerio Público, de las víctimas, en general, rindiendo cuentas de los hechos ocurridos en este territorio”, manifestó.
Para la JEP, uno de los principales objetivos de trasladar estas audiencias a los territorios donde ocurrieron los hechos es permitir que las comunidades afectadas participen directamente en los procesos judiciales y puedan escuchar de primera mano los relatos de quienes integraron las estructuras armadas responsables.
El magistrado Pedro Elías Díaz Romero insistió en que existe un componente profundamente pedagógico y social en estas diligencias.
“Nos hemos desplazado a este departamento, Caldas, donde ocurrieron los hechos, precisamente para que las víctimas y la sociedad caldense puedan conocer, recordar las consecuencias de la guerra y tener la posibilidad de reflexionar sobre que estos hechos no pueden volver a ocurrir”, afirmó.
Añadió además que el proceso que actualmente adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz representa un escenario inédito de rendición de cuentas tras décadas de confrontación armada.
“Se está superando un conflicto de más de 56 años que se vivió con las Farc-EP y los miembros de esta guerrilla están empezando a rendir cuentas ante la sociedad, así como lo está haciendo el otro actor armado, los miembros de la Fuerza Pública, dentro del mandato de la Jurisdicción Especial para la Paz”, puntualizó.
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Una verdad esquiva
Las audiencias también dejaron escenas cargadas de simbolismo y memoria. Familiares de víctimas llegaron con fotografías, velas y mensajes dirigidos a sus seres queridos desaparecidos o asesinados. En varios momentos hubo silencios prolongados y expresiones de dolor mientras los comparecientes relataban hechos ocurridos hace casi dos décadas.
La expectativa de muchas familias sigue puesta en conocer detalles que durante años permanecieron ocultos: quién dio las órdenes, qué ocurrió exactamente con las víctimas y dónde podrían encontrarse sus restos.
Aunque las diligencias no representan todavía una sentencia ni un cierre definitivo para las víctimas, sí constituyen uno de los escenarios más importantes de reconocimiento público de responsabilidad realizados hasta ahora en Caldas dentro del sistema de justicia transicional.
Para muchas familias, escuchar a los excombatientes hablar frente a los magistrados significó la posibilidad de empezar a llenar vacíos que el paso del tiempo no logró borrar.
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El caso Quiceno Morales (Con información de la JEP)
Al final de la jornada del viernes, el magistrado Pedro Elías Díaz Romero informó la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente en el caso de la desaparición del docente Pedro Julio Quiceno Morales, medida adoptada con base en lo establecido por la Ley 971 de 2005 y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
La decisión contempla poner el caso en conocimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y requerir a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para que revise y contraste nuevamente la información entregada por el compareciente Pedro Pablo Reinoso Marín. Este proceso deberá adelantarse de manera articulada con la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Fiscalía General de la Nación.
El magistrado explicó además que, pese a que la desaparición ocurrió en octubre de 2007, el caso continúa vigente debido a que la víctima aún no ha sido localizada. Por tratarse de una conducta de ejecución continuada, la Fiscalía conserva competencias para seguir impulsando actuaciones dentro del mecanismo de búsqueda urgente y avanzar en las labores orientadas a establecer el paradero de Pedro Julio Quiceno Morales.
Durante su intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el compareciente Pedro Pablo Reinoso Marín aseguró que no conoció amenazas directas contra el profesor Pedro Julio Quiceno Morales antes de su desaparición. Relató que, después de conocerse la desaparición del maestro, buscó información directamente con alias ‘El Zarco’ y alias ‘El Zorro’, señalados entonces como comandantes del Frente 47 de las extintas Farc-EP. Según explicó en la audiencia, ambos le manifestaron que no tenían conocimiento sobre lo sucedido con el docente.
El compareciente indicó además que tampoco recibió información relacionada con posibles amenazas contra María Eunice Quiceno Morales, hermana de la víctima. Insistió en que desconoce el paradero del profesor y sostuvo que nunca obtuvo datos que permitieran establecer qué ocurrió tras su desaparición.
En medio de la diligencia judicial, Reinoso Marín volvió a reconocer que actuó como “colaborador e informante” de la estructura guerrillera. Al cierre de su intervención pidió perdón a las víctimas presentes en la audiencia y reiteró que está dispuesto a seguir compareciendo ante la JEP dentro del proceso de aporte a la verdad.
