Por JUAN MANUEL GALÁN*
El reciente hallazgo de 16 paquetes con explosivos y una maqueta del Palacio de Justicia en una bodega en el sur de Bogotá por parte de la Policía Nacional es un hecho alarmante que no puede ser ignorado o subestimado. Este descubrimiento no solo representa un peligro físico, sino también un ataque directo a la independencia del poder judicial en Colombia.
La justicia debe ser imparcial y libre de presiones externas. La independencia del poder judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia y debe ser protegida de acoso. Los intentos de intimidar a los jueces y magistrados no solo socavan el desempeño de sus funciones en el sistema judicial, sino que también ponen en riesgo la estabilidad y el orden democrático del país.
El hallazgo de estos explosivos y la maqueta del Palacio de Justicia es un recordatorio trágico de una de las páginas más dolorosas en la historia de Colombia; la toma y retoma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, financiada por el narcotráfico. Sin embargo, también es una oportunidad para desde la sociedad civil, reafirmar nuestro compromiso con la justicia y la democracia. Debemos permanecer vigilantes y unidos, rechazar cualquier intento de socavar la independencia judicial y asegurar que la justicia actúe en Colombia.
Este hecho no es un caso aislado, se inscribe en un contexto de hostilidad y amenaza contra las instituciones judiciales desde el discurso político presidencial. En los últimos meses, hemos sido testigos de una serie de ataques y presiones que buscan debilitar la autonomía y el prestigio de las altas cortes, así como influir en sus decisiones.
Entre estos ataques se destacan las intimidaciones y seguimientos ilegales contra varios magistrados de la Corte Constitucional, que han sido denunciados públicamente; las campañas de desprestigio y difamación en redes sociales contra jueces y fiscales que adelantan casos de corrupción y violación de derechos humanos; y las presiones políticas y mediáticas para interferir en nombramientos y elecciones judiciales.
¿Quién está enviando este “mensaje”, esta amenaza, a las altas cortes, cuando tienen en sus manos procesos judiciales que involucran a poderosos cercanos al ejecutivo; en el momento en que, además, la Corte Constitucional estudia demandas de constitucionalidad como la reforma pensional?
Es momento de que todos los sectores de la sociedad, sin importar su afiliación política, nos unamos en defensa de la justicia y la legalidad. No podemos permitir que el miedo y la violencia dicten el curso de nuestra acción política. La respuesta a esta amenaza debe ser firme y unánime: la justicia no se doblega ante la intimidación.Invito a todas las fuerzas políticas para que unidos, rechacemos esta intimidación, esta amenaza directa a la independencia del poder judicial. Desde el Nuevo Liberalismo lo hacemos con toda contundencia.
*Director Nacional del Nuevo Liberalimo
