La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) certificó que el gobierno de Gustavo Petro logró la sustitución voluntaria de 15.000 hectáreas de cultivos de coca por economías lícitas, un anuncio que el presidente hizo durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso el 20 de julio de 2025. La cifra, que Petro presentó como parte de su estrategia antidrogas basada en el diálogo con comunidades campesinas y sin erradicación forzada, fue verificada técnicamente por la Unodc mediante un registro detallado de predios que no se divulga por razones de seguridad de las familias participantes. Sin embargo, el mandatario aseguró que en realidad son 32.000 hectáreas las que han sido erradicadas voluntariamente, aunque esta cifra mayor no cuenta con confirmación pública por parte del organismo internacional.
El anuncio se produce en un contexto de crecimiento récord de los cultivos ilícitos en Colombia. Según los datos más recientes, en 2023 se registraron 253.000 hectáreas de coca, la cifra más alta en la historia del país, y estimaciones extraoficiales apuntan a 262.000 hectáreas para 2024. La producción potencial de clorhidrato de cocaína también alcanzó niveles sin precedentes: 2.664 toneladas en 2023 y un estimado de 3.001 toneladas para el año siguiente. Frente a este panorama, la política de sustitución voluntaria contrasta con la drástica reducción de la erradicación manual: mientras que en 2020 se removieron 130.000 hectáreas, durante 2025 apenas se han superado las 8.000 hectáreas, según el Ministerio de Defensa.
Diálogo campesino y focos de expansión
En su discurso ante el Congreso, Petro defendió el método de sustitución como una alternativa pacífica y efectiva. “Logré simplemente hablando, simplemente ganando la confianza campesina en Nariño, en Putumayo, en Norte de Santander, en otros lugares, que pacíficamente el mismo campesino arrancara la mata de raíz, no las hojas, y sustituyera”, afirmó el presidente. Los departamentos priorizados en esta estrategia incluyen Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Chocó, Antioquia y Vichada, zonas donde el gobierno ha concentrado sus esfuerzos de diálogo social. Pese a estos avances, la expansión de los cultivos se concentra en unos pocos municipios: de los 1.122 municipios del país, solo 180 tienen presencia de coca, y la mitad de las hectáreas se ubican en apenas 10 de ellos. Enclaves cocaleros estables representan el 47 % del total nacional.
“Y ya tenemos certificada por las Naciones Unidas quince mil hectáreas erradicadas, pero son treinta y dos mil”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Dos municipios emblemáticos de la política de Paz Total, Tumaco y Tibú, registraron los mayores incrementos. Tumaco pasó de aproximadamente 23.000 hectáreas a cerca de 31.300, un aumento de 8.300 hectáreas en un año, mientras que Tibú escaló de aproximadamente 23.000 a 26.000 hectáreas. La Unodc advierte en su informe que la expansión se da en puntos críticos donde la presencia estatal es débil y la presión de los grupos armados es alta, lo que pone en duda la efectividad a largo plazo de la sustitución voluntaria si no se acompaña de seguridad y desarrollo integral. La certificación de las 15.000 hectáreas, aunque significativa, representa apenas una fracción del total de cultivos, y el desafío de contener el récord histórico de coca sigue siendo una de las pruebas más complejas para la administración Petro.
