El Decreto 1389 abrió para Caldas una oportunidad inédita de acceder a Obras por Impuestos para acelerar la reconstrucción. El desafío ahora no es jurídico: es técnico, político y gerencial. Si los municipios no logran convertir sus necesidades en proyectos viables, los recursos terminarán en otras regiones
Por SAMUEL SALAZAR NIETO
La expedición del Decreto Legislativo 1389 de 2026 desmontó, de un plumazo normativo forzado por la tragedia del 10 de agosto, el muro burocrático que durante casi una década mantuvo a dieciocho de los veintisiete municipios de Caldas mirando de lejos los recursos de Obras por Impuestos. Que Manizales, Villamaría, Chinchiná y los municipios del norte caldense puedan hoy sentarse en la misma mesa de postulación con las nueve localidades que ya ostentaban la condición ZOMAC constituye, frente a la emergencia, una victoria jurídica indiscutible.
Pero en la administración pública colombiana suele existir un abismo entre la firma de un decreto en Bogotá y la primera palada de cemento en una vereda de la cordillera.
El verdadero examen para Caldas no se libra en el articulado del Ministerio de Hacienda ni en los estrados de la Corte Constitucional. Se libra en los despachos de las secretarías de Planeación municipales.
Obras por Impuestos es, por definición, un mecanismo implacable. Las empresas privadas no financian buenas intenciones, discursos de solidaridad ni diagnósticos preliminares de daños. Exigen proyectos estructurados, con estudios técnicos y geotécnicos rigurosos, diseños definitivos, presupuestos precisos, licencias cuando sean necesarias y predios jurídicamente saneados.
Y ahí aparece el primer gran obstáculo.
La cruda realidad de nuestro mapa territorial es que la inmensa mayoría de las alcaldías de quinta y sexta categoría de Caldas carece del músculo técnico y presupuestal necesario para estructurar expedientes de esa complejidad en cuestión de semanas.
Si cada mandatario local decide actuar por su cuenta, contratando consultorías aisladas y avanzando al ritmo —muchas veces desesperantemente lento— de la contratación pública, el cupo fiscal extraordinario habilitado por el CONFIS podría terminar siendo aprovechado por regiones con bancos de proyectos más robustos o, sencillamente, por las grandes capitales del país.
La reserva del 35 por ciento que el decreto establece para los municipios pequeños será letra muerta si nadie logra convertir las necesidades de la reconstrucción en carpetas técnica y jurídicamente viables.
Caldas no puede darse el lujo de improvisar. Tampoco de convertir la reconstrucción en una competencia de vanidades parroquiales.
La respuesta tiene que ser gremial, técnica e institucionalmente articulada.
La Gobernación de Caldas, el Comité Departamental de Cafeteros, Camacol, la ANDI y las Cámaras de Comercio deberían conformar, sin dilaciones ni protocolos innecesarios, una unidad técnica regional de estructuración exprés. Un equipo con capacidad real para identificar las necesidades comunes, priorizar proyectos, conseguir los estudios que hagan falta y convertir las urgencias de los municipios en paquetes de inversión capaces de competir por los recursos disponibles.
Vivienda de interés social, acueductos veredales, infraestructura educativa y hospitalaria, recuperación de vías y equipamientos afectados por el terremoto no pueden seguir siendo únicamente una lista de daños. Tienen que convertirse, cuanto antes, en proyectos.
Y esos proyectos deben llegar en bloque, debidamente estructurados y blindados, ante la Agencia de Renovación del Territorio y los ministerios sectoriales.
Porque aquí hay una paradoja que Caldas no puede ignorar: por primera vez en mucho tiempo, la tragedia abrió una puerta que durante años permaneció cerrada para buena parte del departamento. Sería imperdonable que, cuando finalmente se abrió, no tuviéramos listas las llaves.
La plata está. La posibilidad jurídica está. La necesidad está más que demostrada.
Lo que ahora se necesita es capacidad para convertir esas tres realidades en obras.
La reconstrucción no esperará a los gobiernos que se queden lamentando la tragedia con los escritorios vacíos de proyectos.
El reloj ya está corriendo. Y esta vez, más que recursos, lo que Caldas tiene que demostrar es que sabe gestionarlos.
Aquí aparece una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿quién va a conducir esta operación? Porque una unidad técnica sin autoridad, cronograma, metas y responsables puede terminar convertida en otra mesa de buenas intenciones. Caldas necesita un solo tablero de control, un inventario departamental de proyectos, una priorización transparente y un responsable político que pueda tocar las puertas de Bogotá y, al mismo tiempo, exigir resultados a los municipios. La reconstrucción no puede tener veintisiete pequeñas agendas; necesita una sola estrategia territorial.
