Tras revelarse los radicados de una mega-investigación de la Fiscalía, la Gobernación de Caldas admitió que entregó información al ente judicial por el fracaso de obras clave en el departamento.
El caso está plenamente conectado con la estructura criminal de AREMCA que operaba a nivel nacional y que afecta dos frentes de contratación pública en esta sección del país.
El escándalo por el presunto desfalco a los recursos del Sistema General de Regalías, que a nivel nacional mantiene bajo la lupa a la Asociación Regional de Municipios del Caribe Colombiano (AREMCA) y que ya deja nueve personas capturadas, ha tenido esta tarde un capítulo crucial en el departamento de Caldas.
Precisamente en las últimas horas se conoció que un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra nueve personas señaladas de integrar una estructura que habría direccionado y ejecutado irregularmente contratos por cerca de 496.000 millones de pesos, vinculados a la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) y financiados con recursos del Sistema General de Regalías. La decisión judicial se tomó tras las audiencias concentradas en las que la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra la Corrupción, presentó el material probatorio que vinculararía a los procesados con un esquema de corrupción que comprometió recursos de regalías en proyectos de infraestructura, desarrollo agrícola, iniciativas ambientales, tecnología y seguridad alimentaria.
Entre tanto la Secretaría de Infraestructura del departamento Caldas emitió un comunicado oficial confirmando que delegados de la Fiscalía General de la Nación se hicieron presentes en las instalaciones de la Administración Departamental. Aunque la Gobernación desmintió versiones que circulaban en redes sociales sobre un «allanamiento» o registro judicial forzoso, admitió que el ente acusador adelantó una diligencia técnica para requerir documentación prioritaria sobre contratos civiles que hoy se encuentran bajo sospecha.
Las revelaciones de ‘El Expediente’ y las cifras bajo la lupa
La acción de la Fiscalía se produce coincidiendo con una investigación publicada por el portal digital El Expediente, medio que sacó a la luz pública las radiografías financieras, montos contractuales y números de radicado judicial que componen la presunta red de anticipos millonarios en el departamento de Caldas.
De acuerdo con lo revelado periodísticamente por El Expediente, las alarmas judiciales se encendieron formalmente bajo el radicado criminal NUNC 170016000256202316134 de la Fiscalía Seccional. Los peritajes financieros y las auditorías técnicas de campo evidenciarían que el flujo de los dineros entregados a los contratistas no guarda ninguna correspondencia con el avance real de las obras viales y civiles en los municipios caldenses.
La investigación del mencionado portal detalla dos contratos de alto impacto regional que se encuentran en el epicentro de la investigación:
- El frente vial (Consorcio Eleín Samaná): Un millonario proyecto vial adjudicado originalmente por más de $33.400 millones de pesos (cofinanciado con recursos nacionales y regionales) para la pavimentación del Tramo 1 Sonsón-Florencia (sector Puente Linda-Florencia), una obra clave para el hermanamiento vial entre Caldas y Antioquia. Según datos expuestos por El Expediente, a dicho consorcio se le giró un anticipo cercano a los $10.038 millones de pesos, recursos cuyo destino real está siendo rastreado ante el presunto abandono o retraso crítico de los frentes de obra.
- El frente de vivienda (Consorcio Desarrollo Viviendas Caldas): El reporte del medio digital también detalla un segundo convenio suscrito por un valor de $25.000 millones de pesos para la construcción de aproximadamente 980 soluciones de vivienda habitacional en 15 municipios de Caldas. A este consorcio se le habría desembolsado otro anticipo de $10.000 millones de pesos que, bajo la lupa de los peritos de la Fiscalía, presenta inconsistencias financieras críticas.
Lea aquí las denuncias publicadas en EL EXPEDIENTE : https://elexpediente.co/la-red-de-los-anticipos-millonarios-que-sacude-a-caldas/?amp=1
La postura de la Gobernación de Caldas
Ante la presión de la opinión pública y el avance de las pesquisas judiciales en la región, la Secretaría de Infraestructura de Caldas aclaró en su comunicado que la presencia de la Fiscalía obedeció estrictamente a una «solicitud de información» enfocada en el estado y evolución de un proceso administrativo sancionatorio que la propia administración departamental cursa por el «incumplimiento total» del contrato por parte del mencionado Consorcio Eleín Samaná.
La administración departamental enfatizó su postura de «total colaboración, transparencia y disposición institucional» para facilitar el material probatorio que requieran los organismos de control, buscando desmarcarse de cualquier sospecha de complicidad y posicionándose como presunta afectada ante el incumplimiento de los contratistas.
El siguiente es el texto del comunicado expedido por la Secretaría de Infraestructura de Caldas:
Respecto a las versiones que circulan en algunos medios de comunicación y cuentas de redes sociales sobre un supuesto allanamiento en instalaciones de la Administración Departamental, la Secretaría de Infraestructura se permite aclarar:
- La información difundida no corresponde a la realidad. Los hechos conocidos fueron desarrollados como parte de las funciones propias de los organismos de control y de investigación.
- Es importante precisar que no se realizó ningún allanamiento, diligencia de registro, incautación o procedimiento judicial de esa naturaleza en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura.
- La acción fue desarrollada por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, quienes realizaron una solicitud de información relacionada con el estado y avance de un proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento total de un contrato por parte del consorcio Eleín Samaná.
- La Secretaría de Infraestructura ha entregado y continuará brindando toda la información requerida por las autoridades competentes, manteniendo una actitud de total colaboración, transparencia y disposición institucional frente a cualquier consulta o requerimiento.
- Se invita a los medios de comunicación y a la ciudadanía a verificar la información a través de los canales oficiales antes de difundir versiones que puedan generar confusión o interpretaciones equivocadas sobre los hechos.
El hilo conductor: La conexión con el ‘Caso AREMCA’
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, lo que ocurre en Caldas no es un hecho aislado de unos ingenieros locales, sino un tentáculo más de un engranaje criminal de gran escala: la mega-investigación nacional conocida como el ‘Caso AREMCA’.
El modus operandi detectado en Caldas (el desembolso veloz de anticipos multimillonarios que luego se evaporaban en fiducias o cuentas particulares mientras las obras se paralizaban) coincide de manera exacta con el patrón de la red criminal que hoy investiga la Fiscalía General de la Nación. Esta estructura operaba bajo la sombra de la Asociación Regional de Municipios del Caribe Colombiano (AREMCA), entidad que habría sido utilizada a nivel país como un «trampolín» o contratadero para evadir licitaciones públicas y manejar a su antojo cerca de $500.000 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías.
Con el proceso judicial ya en marcha, las audiencias de imputación de cargos y las nueve capturas ejecutadas en las últimas semanas (que incluyen a la cúpula de dicha asociación y a intermediarios financieros), la justicia busca armar el rompecabezas definitivo. El objetivo de la Fiscalía es establecer los nexos exactos entre los directivos de AREMCA capturados en la Costa, los consorcios incumplidos en el centro del país —como Eleín Samaná y Desarrollo Viviendas Caldas— y los presuntos enlaces políticos que permitieron que los dineros destinados al desarrollo de las regiones más vulnerables terminaran en las cuentas de unos pocos particulares.
Los encarcelados
Entre los procesados se encuentran Gustavo Bolaño Pastrana, quien fungió como exrepresentante legal de Aremca; Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero, en sus calidades de representante legal y tesorera, respectivamente. También fueron enviados a prisión Andrés David Sáez Miranda, Javier Antonio Ramírez Manzola, Liliana Urán Germán, Rafael Antonio Flórez Franco y Fredy Francisco Borelly Salazar, quienes se desempeñaban como coordinadores, además de Luis Alfredo Soto Caraballo, señalado como enlace con terceros. A todos se les imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado.
sos/ia
