La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta sobre una modalidad de laboratorio de cocaína de instalación exprés que se oculta en fachadas de viviendas familiares y patios de la región de Cúcuta y su área metropolitana, capaz de montarse y desmantelarse en menos de una hora. Este fenómeno, detectado durante este año en zonas fronterizas con Venezuela, se ha expandido desde el Catatumbo hacia la periferia de la ciudad, con presencia en municipios como Juan Frío, Ragonvalia y Puerto Santander y con rutas informales hacia Venezuela a través de Táchira, Ureña, San Antonio y La Fría.
Las instalaciones operan en espacios muy reducidos, de hasta 3 m², equipadas con lonas, una planta eléctrica y utensilios básicos; ante la presencia policial, pueden desmantelarse en unos 20 minutos. En horas, cada laboratorio produce entre 2 y 5 kilos de clorhidrato de cocaína, y luego se subcontrata para el microtráfico. Los químicos son reclutados entre vecinos sin antecedentes, lo que agrava la clandestinidad de la operación. Este año ya se han destruidos al menos 12 laboratorios exprés y, según las autoridades, el costo de producción por kilo roza los 6 millones de pesos en el Catatumbo y 5,5 millones de pesos en Cúcuta.
La magnitud de la producción y la reducción de costos para estas redes se enmarca en una estructura criminal en capas que combina grupos armados y redes de distribución. La incidencia se vincula a la presencia de ELN y disidencias de las Farc en roles de logística y producción, mientras bandas como AK-47 y Tren de Aragua coordinan la distribución para consumo interno y exportación. El tamaño de la instalación, aproximadamente 3 m², y la capacidad de producción en horas reflejan una operación diseñada para acelerar el flujo de cocaína hacia Venezuela y otras rutas, una situación que también se observa en zonas fronterizas y en conexiones con corredores informales hacia el vecino país. Fuentes citadas incluyen la Defensoría del Pueblo, La Opinión, el Ejército Nacional, la Policía Metropolitana de Cúcuta y la Dirección Antinarcóticos de la Policía, cuyo trabajo conjunto permite entender esta modalidad y su crecimiento en la región. Este informe llega a los lectores de La Veintitrés Manizales como un análisis de la dinámica reciente en la frontera y de sus implicaciones para la seguridad ciudadana.
Contexto y respuesta institucional
Antecedentes: el recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo impulsa a estas estructuras a trasladar operaciones a zonas periféricas de Cúcuta, lo que facilita la proliferación de laboratorios exprés y complica las acciones de contención. Por qué es noticia ahora: la Defensoría del Pueblo advierte sobre la modalidad y los reportes policiales y judiciales ratifican su expansión, mientras la Policía Antinarcóticos implementa un plan de acción para enfrentarse a las cabezas de esta economía ilegal en la ciudad, con la llegada de un grupo especial para reforzar las operaciones.
«es más fácil tener el laboratorio en el área metropolitana de Cúcuta, especialmente en zonas fronterizas con Venezuela» – Kenny Sanguino Cuéllar
«trabajan para la disidencia y el Eln, bajo el sistema de outsourcing, o subcontratación para el microtráfico» – Coronel Juan Camilo Mazo
«la llegada de un grupo especial de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, a la ciudad, que va a atacar directamente a las cabezas de esta economía ilegal en Cúcuta» – Coronel Fabio Ojeda
Fuentes citadas en el material incluyen la Defensoría del Pueblo, La Opinión, Ejército Nacional, Policía Metropolitana de Cúcuta y la Dirección Antinarcóticos de la Policía. En este contexto, la comunidad tecnológica de la región observa con atención las acciones para desmantelar estas redes, mientras se fortalecen los esfuerzos para reducir el impacto social y sanitario de la producción y el tráfico de cocaína hacia Venezuela y otros mercados. Este reporte busca contextualizar la situación para los lectores de La Veintitrés Manizales y subraya la necesidad de vigilancia y cooperación entre autoridades y comunidad para mitigar la amenaza.
