El ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentó este miércoles 7 de octubre denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en contratos suscritos por la Dirección Nacional de Bomberos durante el gobierno de Gustavo Petro, bajo la figura de urgencia manifiesta. La denuncia se basa en los hallazgos de una auditoría forense ordenada por el Ministerio del Interior, cuyos resultados fueron difundidos por el propio Lara a través de un video publicado en la cuenta oficial de Presidencia en X. Según el ministro, un contrato por 24.000 millones de pesos con la empresa MAC Soluciones presenta graves anomalías, como presuntos pagos realizados en plena Ley de Garantías, bienes no entregados y una declaración de urgencia manifiesta sin relación directa con la emergencia que supuestamente la justificaba.
La contingencia que motivó la urgencia fue un frente frío que afectó a los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, dejando aproximadamente 250.000 personas damnificadas. Sin embargo, el ministro Lara reveló que de los 42.000 millones de pesos contratados bajo esa figura de urgencia, apenas 313 millones se destinaron directamente a atender las inundaciones. El resto de los recursos, explicó, se usaron para adquirir trajes contra incendios, equipos de respiración y materiales para sustancias peligrosas, elementos que —en su opinión— no tienen relación directa con la emergencia invernal declarada. La auditoría forense, que hasta ahora revisa un total de 62.000 millones de pesos contratados bajo modalidades similares, detectó además que el contrato 076 con MAC Soluciones inició en 16.000 millones y luego se le adicionaron 8.000 millones hasta alcanzar los 24.000 millones. “Lo que voy a decir está en documentos oficiales y no en opiniones”, afirmó Lara al presentar los hallazgos.
Irregularidades en la ejecución y los pagos
Uno de los puntos más críticos señalados por el ministro es que el contrato se firmó seis semanas después de declarada la urgencia, cuando la emergencia ya había finalizado, y con un plazo de 90 días para la entrega de los bienes. Según la auditoría, el 20 de junio de 2026 se firmó un acta de recibo a satisfacción, pero el mismo día se elaboró otra acta para que los bienes permanecieran en bodega del contratista; al 7 de octubre, fecha de la denuncia, esos elementos aún no se habían entregado. Además, se detectó una factura pagada por 5.600 millones de pesos apenas dos días después de esa acta de recibo. “¿Cómo así que se destinan 24.000 millones a dedo, se giran en plena campaña, en plena Ley de Garantías, y no aparece lo que se compró?”, cuestionó Lara, quien también advirtió que en una primera factura se cobraron 744 equipos, pero los registros de almacén reportan la recepción de solo 670 equipos.
“La urgencia manifiesta existe para salvar vidas en una emergencia, no para saltarse la ley”
Rodrigo Lara, ministro del Interior
El escándalo se enmarca en un contexto de cuestionamientos previos a la Dirección Nacional de Bomberos. El capitán Germán Miranda, quien estaba al frente de la entidad, fue declarado insubsistente por el presidente Abelardo de la Espriella tras la aparición de audios sobre presuntas prácticas indebidas, hechos ocurridos antes del actual gobierno. Como parte de las medidas adoptadas, el ministro Lara anunció que la auditoría forense se ampliará a otros tres contratos que suman 42.000 millones de pesos, todos suscritos bajo la misma declaración de urgencia manifiesta. Las denuncias quedaron radicadas en los entes de control, que ahora deberán determinar si existen responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales.
