Una nueva crisis diplomática sacude la región, tras la decisión del Ministerio Público guatemalteco de judicializar a figuras clave de la lucha contra la corrupción en Centroamérica.
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Luego de que el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche anunció que su país emitió órdenes de captura contra el exministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, y la actual fiscal general Luz Adriana Camargo, reacciones de todo tipo no se hicieron esperar.
Como se recordará, ambos son señalados por los presuntos delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión, en el marco de su trabajo como parte de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU.
La medida del país centroamericano fue acompañada por una solicitud de alerta a Interpol para facilitar su detención internacional, aunque hasta el momento no existe ninguna notificación roja activa contra Camargo ni contra Velásquez, según confirmó Colombiacheck.
La reacción del Gobierno colombiano fue inmediata. La canciller Laura Sarabia calificó la orden de captura como “carente de sustento jurídico” y un atentado contra la justicia internacional.
A su vez, el presidente Gustavo Petro reiteró su respaldo total a Iván Velásquez, a quien calificó como un “símbolo de la lucha contra la corrupción en América Latina”.
“Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro por perseguir corruptos en cualquier lugar del mundo”, manifestó Petro en su cuenta de X (antes Twitter), subrayando que Colombia no cederá a presiones políticas disfrazadas de procedimientos judiciales.
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Antecedentes y contexto: la CICIG en la mira
Iván Velásquez, exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, lideró durante años la CICIG, organismo que sacó a la luz redes de corrupción que involucraban a políticos, jueces y empresarios en Guatemala. Su trabajo fue clave en el caso La Línea, que derivó en la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina.
Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de Colombia, también hizo parte del equipo jurídico de la CICIG, donde participó en investigaciones de alto impacto. Ambos se convirtieron, junto con otros operadores judiciales, en blancos de una ofensiva promovida por sectores políticos guatemaltecos que buscan deslegitimar el trabajo anticorrupción de la Comisión, disuelta en 2019.
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Críticas internacionales
Organizaciones de derechos humanos y expertos internacionales han condenado las órdenes de captura. Human Rights Watch denunció que el Ministerio Público guatemalteco sigue una estrategia de criminalización sistemática contra jueces y fiscales que trabajaron en la lucha contra la impunidad.
El fiscal Curruchiche, quien encabeza la acción judicial, está sancionado por EE. UU. y la Unión Europea por obstrucción a la justicia y por usar su poder para proteger a estructuras corruptas.
La escalada alcanzó un nuevo nivel cuando Guatemala decidió llamar a consulta a su embajadora en Colombia, argumentando que Bogotá había politizado un asunto legal. El gobierno de Bernardo Arévalo, sin embargo, no ha asumido públicamente la defensa de las actuaciones de su Ministerio Público, lo que refleja la complejidad institucional que vive el país centroamericano.
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¿Qué sigue?
Por ahora, ni la Fiscalía General de Colombia ni el Ministerio de Defensa han recibido solicitudes formales de extradición. Sin embargo, el caso plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones bilaterales entre Bogotá y Ciudad de Guatemala, así como el respaldo de la comunidad internacional a quienes han liderado batallas clave contra la corrupción.
