El abogado Edwin Gabriel Díaz, de la Corporación de Derechos Públicos Cordepública, denunció públicamente presuntos abusos policiales y falsos positivos ocurridos en el municipio de Granada, en el departamento de Meta, Colombia, que han derivado en seis meses de prisión para la líder social Doris Andrea Pareja Cabrera. Según la denuncia, estos hechos iniciaron desde junio de 2025, cuando Pareja expuso reiterados vejámenes contra habitantes de calle perpetrados por policías bajo las órdenes del capitán Luis Miguel Panqueva, lo que desencadenó una persecución que incluyó ofertas de dinero para plantar narcóticos, un intento de asesinato y su eventual captura por dos acusaciones de homicidio que ella niega, respaldada por coartadas de un torneo de microfútbol en un polideportivo a varias horas de distancia de los supuestos crímenes.
Los abusos reportados incluyen el corte de cabello a una mujer consumidora de sustancias y el lanzamiento de un individuo desde un puente vehicular, acciones que Pareja visibilizó mediante videos que ahora han sido suministrados por Cordepública a Infobae Colombia. La escalada de la denuncia llevó a una detención injustificada, con testigos amenazados de inculpación si no declaraban en contra de la líder social, e incluso capturas de consumidores del municipio para obtener testimonios forzados. Trágicamente, un testigo vinculado al caso fue ultimado poco después de obtener prisión domiciliaria, lo que agrava las sospechas de falsos positivos en medio de esta persecución.
Denuncia respaldada por evidencias y testigos
Edwin Gabriel Díaz ha hecho pública esta situación con videos de los abusos y procesos judiciales, destacando cómo la líder social contaba con múltiples testigos del torneo de microfútbol que la eximen de los homicidios imputados. La prisión de seis meses para Pareja Cabrera se suma a las dos graves acusaciones de asesinato, en un contexto de presunta retaliación policial por haber destapado la cadena de vejámenes en Granada. Cordepública enfatiza que estos hechos reflejan un patrón de abuso de autoridad en la región, donde la denuncia de derechos humanos se transforma en arma de persecución contra defensores sociales.
Esta denuncia pone en el ojo público las tensiones entre líderes comunitarios y fuerzas policiales en Meta, recordando casos históricos de falsos positivos y la necesidad de investigaciones independientes para garantizar la verdad y la justicia en comunidades vulnerables como los habitantes de calle en Granada.
