En un llamado que busca reorientar el debate público nacional, líderes sociales han instado a que la discusión sobre la paz en Colombia se enfoque prioritariamente en los territorios y las comunidades afectadas por la violencia. La petición se da en la antesala de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto de 2026, quien ha anticipado que su gobierno no negociará con grupos armados. La advertencia, lanzada por Otoniel Díaz Bonilla, presidente de la Unidad Nacional de Líderes Sociales, surge en un momento de alta incertidumbre sobre el rumbo que tomarán los procesos de pacificación vigentes.
“La verdadera discusión ya no es si un gobierno comparte o no una política de paz. La verdadera discusión es cuál será la hoja de ruta institucional del Estado frente a procesos que ya involucran miles de comunidades y compromisos asumidos por Colombia”, declaró Díaz Bonilla a Infobae Colombia. El líder social subrayó que el Estado colombiano mantiene abiertos ocho procesos de diálogo con grupos como el ELN, estructuras disidentes, Comuneros del Sur y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), mientras que, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los grupos armados ilegales en el país suman más de 27.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo.
El centro del debate son las comunidades
Díaz Bonilla fue enfático al señalar que el análisis no puede limitarse a la voluntad del nuevo gobierno o a los actores armados. “La paz no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de los actores armados. El centro del debate deben ser las comunidades, los territorios y la obligación constitucional del Estado de proteger la vida y garantizar la convivencia”, afirmó. Recordó que el artículo 22 de la Constitución de Colombia establece la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, una base jurídica que trasciende cualquier administración.
“El debate no puede reducirse a una discusión entre gobiernos o actores armados.”
Otoniel Díaz Bonilla, presidente de la Unidad Nacional de Líderes Sociales
El líder social advirtió que el principal riesgo de una transición gubernamental sin reglas claras recae sobre las comunidades que habitan territorios históricamente azotados por la violencia. En medio del cambio de mando, surgen interrogantes sobre el futuro de los mecanismos de verificación internacional, como los que acompañan al proceso con el Clan del Golfo, donde participan la OEA, la Conferencia Episcopal, el Consejo Mundial de Iglesias y países facilitadores. “Las políticas de paz no se limitan al acuerdo de 2016 ni a la Jurisdicción Especial para la Paz”, recordó Díaz Bonilla, al tiempo que exigió claridad sobre la articulación de los compromisos existentes con la nueva política de seguridad que podría implementar el gobierno de De la Espriella. El llamado final es a no perder de vista que, más allá de las posturas políticas, son millones de colombianos en las regiones quienes esperan una reducción tangible de la violencia y una mayor presencia institucional.
