Balance legislativo en 2025 y próximos retos para la agenda oficial
En 2025, el Congreso de Colombia atravesó una etapa de tensiones internas y un ambiente político desfavorable para las iniciativas del Ejecutivo, en un contexto marcado por el fallecimiento de Miguel Uribe y otros hechos que impactaron el pulso del debate público.
La única aprobación relevante para el Gobierno fue el Presupuesto para 2026, por 546,9 billones de pesos. La cifra corresponde al monto total autorizado para el año fiscal 2026.
Un informe de El Espectador señala que la cuantía inicial superaba en 10 billones la cifra aprobada finalmente, y que las bancadas aceptaron el acuerdo condicionado a que el Ejecutivo no pudiera decretar el presupuesto en su totalidad.
Posteriormente, la Administración presentó al Congreso una propuesta para sumar 16,3 billones adicionales al presupuesto. Las comisiones económicas rechazaron dicha solicitud.
Entre los factores que incidieron se destacan la ausencia de un liderazgo claro para impulsar el debate y la impopularidad de la reforma planteada, la cual contemplaba incrementos tributarios en temporada navideña y previa a las elecciones. Según las crónicas, los legisladores consideraron inviable asumir un costo político por una nueva carga fiscal en ese marco.
Dentro del paquete de reformas para la segunda mitad del periodo legislativo figuran:
- la creación de la Jurisdicción Agraria;
- la institucionalización del Ministerio de la Igualdad;
- la ley de competencias;
- y la ley de sometimiento, destinada a facilitar diálogos con grupos armados y bandas criminales como parte de la política de paz total.
La última propuesta enfrenta mayores obstáculos, en parte debido a la escalada de violencia reciente que cuestiona su viabilidad.
Mientras tanto, la Jurisdicción Agraria y el Ministerio de la Igualdad siguen en discusión, encontrando oposición de sectores que las perciben como un costo político para el Gobierno por fallos en la ejecución de sus políticas. Aunque el entorno político no favorece avances, entre marzo y junio de 2026 persiste una posibilidad remota de reanudar los debates legislativos al respecto.
