La empresa Leonardo Helicopters, filial de AWPC, suspendió de forma temporal el soporte técnico al helicóptero presidencial con número de serie 31900, identificable también como FAC-0008, hasta recibir una nueva autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La decisión obedece a un marco de sanciones de Estados Unidos que incluye al presidente Gustavo Petro, designado en la lista SDN de Clinton, y se enmarca como una medida preventiva para asegurar el estricto cumplimiento de la normativa vigente.
La notificación de la suspensión fue enviada por carta al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico Catam, y la compañía aclaró que dicha pausa no debe interpretarse como un cambio en su compromiso con la flota de la Fuerza Aérea Colombiana. En el comunicado, Leonardo Helicopters reiteró que la decisión es una medida para garantizar el pleno acatamiento de las sanciones estadounidenses y que la continuidad del apoyo técnico quedará sujeta a la obtención de la autorización correspondiente por parte de OFAC. En paralelo, se recordó que la situación se sitúa en un contexto de designación internacional que puede afectar a terceros involucrados en transacciones con designados o bloqueados.
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Desarrollo con información específica sobre las implicaciones y respuestas de los actores involucrados, en un marco de sanciones y cumplimiento normativo.
«Con Francesca Albanese y conmigo se está cometiendo una enorme injusticia internacional por nuestras posiciones contra el genocidio en Palestina, No se puede permitir que se usen sanciones hechas para la lucha contra el crimen, en la censura del pensamiento crítico en el mundo. Eso solo daría paso a la barbarie», señaló el primer mandatario en su cuenta de X. – Gustavo Petro, presidente de Colombia
«[Son] consecuencias internacionales derivadas de su constante apología a la legalización de las drogas y su cercanía con regímenes autoritarios y criminales como el de Nicolás Maduro», aclaró. – María Fernanda Cabal, senadora
«Usted ha defendido públicamente a narcotraficantes abatidos en operativos legítimos en el Caribe colombiano y venezolano, deslegitimando así los esfuerzos por combatir el crimen organizado. No se equivoque, no es Colombia la sancionada, es su conducta la que genera rechazo internacional», señaló la senadora y aspirante a la Presidencia. – María Fernanda Cabal, senadora
«Las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas», indicó la OFAC. – Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
«Esta medida preventiva se adopta con el propósito de garantizar el pleno cumplimiento de la normativa estadounidense aplicable a las transacciones internacionales», explicó Leonardo Helicopters
Entre los datos relevantes, se destacan el S/N 31900 y el identificador FAC-0008, que figuran como elementos centrales de la aeronave objeto de la suspensión. Según el contexto presentado, Petro fue incluido en la lista SDN por designaciones estadounidenses, lo que implica restricciones para personas designadas y, en varios casos, para entidades que colaboren con ellas; OFAC subrayó que las sanciones pueden repercutir en terceros a través de transacciones con designados. La noticia de la suspensión llega en un momento en que la compañía ha buscado aclarar que la medida no implica un rechazo al compromiso con la Fuerza Aérea Colombiana, sino un cumplimiento estricto de las normativas vigentes, y que la decisión permitirá continuar operando de forma segura una vez que OFAC otorgue la autorización necesaria.
La acción coordinada, que se limita a una suspensión temporal del soporte al helicóptero presidencial, podría afectar el mantenimiento hasta que se obtenga la aprobación de OFAC para reanudar las operaciones. En simultáneo, las reacciones públicas de Petro y Cabal han añadido un componente político al tema, con la empresa recordando su función de cumplimiento legal y la autoridad estadounidense subrayando las posibles repercusiones para terceros que interactúen con personas designadas o bloqueadas. En conjunto, la situación ilustra las tensiones entre seguridad operativa, cumplimiento de sanciones internacionales y el discurso político que rodea a las decisiones administrativas de alto nivel en Colombia.
