En una jornada de intenso debate, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó la ponencia positiva del proyecto de Ley Anticapuchos por 21 votos a favor y cuatro en contra, permitiendo que la iniciativa supere su primer escollo legislativo y continúe su trámite en el Congreso. La propuesta, impulsada por los representantes Jaime Arizabaleta, Miguel Ángel Pinto y Daniel Briceño del Centro Democrático, junto con Julio César Triana de Cambio Radical y Guillermo Alvira del Partido Conservador, busca sancionar el ocultamiento deliberado de identidad con prendas, máscaras o pasamontañas durante manifestaciones cuando se cometan actos vandálicos. Simultáneamente, fue rechazada la proposición de archivo que presentaron el Pacto Histórico y el Partido Verde, con 21 votos en contra y 15 a favor.
El proyecto ha generado una fuerte polarización entre quienes defienden la necesidad de herramientas legales para combatir el vandalismo en las protestas y quienes advierten que la medida criminaliza la movilización social. Durante la discusión en primer debate, la representante Laura Beltrán, del Pacto Histórico, expresó su rechazo al afirmar que «ustedes no quieren castigar el vandalismo, lo que quieren es criminalizar la protesta social». En la misma línea, Óscar Benavides, representante de comunidades negras, declaró que «no voy a apoyar la ley anticapuchos que criminaliza el ejercicio de los derechos que durante años hemos luchado por conquistar y garantizar. La protesta libre es uno de los mecanismos que tienen los colombianos para exigirle al Estado que escuche sus demandas y responda por sus obligaciones».
Las sanciones contempladas en el articulado
La iniciativa establece penas de prisión de 54 a 96 meses y multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes oculten su identidad con el propósito de cometer actos vandálicos. Además, el articulado contempla agravantes cuando se haga uso de explosivos, sustancias corrosivas o artefactos artesanales que causen daños graves a personas o bienes públicos y privados. Las penas se endurecen si los hechos afectan centros educativos, instituciones de salud, organismos de socorro, bienes de interés cultural o infraestructura de servicios públicos esenciales. También se incluyen sanciones para quienes inciten, dirijan, constriñan o faciliten medios ilícitos para bloquear vías o infraestructura de transporte, con penas que incluyen prisión, multa e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.
«Quien defiende una causa justa no necesita una capucha»
Jaime Arizabaleta, representante del Centro Democrático
El representante Arizabaleta fue uno de los principales defensores de la iniciativa y pidió acompañamiento con «la fuerza de la oración y la fuerza digital» para que el proyecto siga adelante. La ley fue impulsada en medio de disputas políticas entre quienes reclaman herramientas contra el anonimato en movilizaciones y quienes ven un riesgo para la protesta social. Con la aprobación de la ponencia, el proyecto supera su primer debate en la Comisión Primera y deberá continuar su trámite en el Congreso de la República.
