El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó el pasado 29 de octubre de 2026 el proyecto de Ley de Rescate Económico, una ambiciosa iniciativa que busca evitar una recesión y la pérdida de 360.000 empleos, pero que ha desatado una fuerte polémica por el impacto social de varias de sus medidas. El vicepresidente José Manuel Restrepo fue el encargado de presentar la propuesta, que consta de 106 artículos y contempla, entre otros puntos, la aplicación de un IVA del 19 % al alimento para animales de compañía, así como facultades extraordinarias para que el presidente pueda suprimir o fusionar ministerios durante seis meses. El documento ya inició su trámite en el Congreso de la República, donde se espera un debate intenso.
La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, ha sido una de las voces más críticas frente al proyecto. En sus declaraciones, calificó el gravamen a la comida para mascotas como “un golpe muy miserable” y advirtió que la iniciativa “es lesiva por donde se lo mire”, llamando a la ciudadanía a defender sus conquistas y derechos. Hernández también cuestionó la eliminación del impuesto a los plásticos de un solo uso y los cambios al impuesto al carbono, señalando que con esas medidas “premian a las industrias que más afectan al ambiente y matan animales”. Según la congresista, el 80 % de los recursos que antes se destinaban a temas ambientales perderían esa destinación específica.
Un rescate con sacrificios escalonados
El paquete de rescate económico combina una reducción del 2,2 % del gasto público con la creación de nuevos gravámenes y ajustes en varios tributos. En materia de impuesto de renta, se establece un nuevo umbral para declarar: ingresos anuales desde 37.709.280 pesos —lo que equivale a un rango salarial mensual entre 3.100.000 y 4.757.000 pesos—, con una retención del 9 %. Para las sociedades, la tarifa general de renta será del 33 % en 2027 y bajará al 31 % a partir de 2028. El sector financiero, asegurador y demás entidades listadas enfrentarán una sobretasa de cinco puntos adicionales, lo que eleva la tarifa total al 38 % en 2027 y al 36 % entre 2028 y 2030, aplicable a personas jurídicas con renta gravable igual o superior a 120.000 UVT (unos 6.284 millones de pesos).
En el ámbito de la salud, las cotizaciones al régimen contributivo cambiarán a partir del 1 de enero de 2027: el empleador pagará un 8,5 %, mientras que el empleado aportará una escala que va desde el 4 % para quienes ganan entre 1 y 2 salarios mínimos hasta el 8 % para ingresos de 20 a 25 salarios mínimos. El proyecto también reduce el impuesto de renta para la industria petrolera del 50 % al 46 %, grava con IVA a los carros eléctricos, híbridos y bicicletas eléctricas, y elimina el impuesto a los plásticos de un solo uso. La sobretasa bancaria, con un anticipo del 100 % sobre la base gravable del periodo anterior, se pagará en dos cuotas anuales iguales y estará vigente entre 2027 y 2030.
“Arreglar hoy es mejor que quebrar mañana. El gobierno anterior nos dejó una bomba de tiempo, y por eso presentamos la Ley de Rescate Económico para salvar a Colombia de la quiebra, de perder 360.000 empleos y de entrar en recesión. El Estado se aprieta el cinturón, aportan más los que más tienen y el que menos tiene, recibirá más”.
José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia
El Gobierno defiende la iniciativa como una medida necesaria para enfrentar la crisis fiscal heredada y sostiene que está diseñada para que los sectores de mayores ingresos asuman una mayor carga. Sin embargo, la controversia promete extenderse a lo largo del debate legislativo, donde se anticipan enfrentamientos entre la coalición oficialista y las bancadas de oposición que consideran que el proyecto castiga a las familias y al medioambiente mientras beneficia a industrias extractivas.
