El saliente ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió en el Congreso el proyecto de ley de sometimiento para organizaciones criminales, asegurando que no contempla amnistías, suspensión de órdenes de captura ni estatus político, tras obtener primera votación favorable el 21 de octubre. Durante el debate en las Comisiones Primeras conjuntas del Senado y la Cámara, Lara subrayó que la iniciativa está dirigida a quienes viven de economías ilegales como la cocaína, el oro ilegal y la extorsión, ofreciéndoles un camino de sometimiento sin crear justicia paralela ni tribunales especiales.
La primera votación arrojó un respaldo mayoritario: en el Senado la ponencia positiva obtuvo 21 votos a favor y solo uno en contra, mientras que en la Cámara el resultado fue 21 a favor y 10 en contra. Cuatro proposiciones de archivo presentadas por la oposición, liderada por el Pacto Histórico, fueron negadas, lo que permitió que el proyecto avance a la discusión del articulado, donde se analizarán aproximadamente 320 proposiciones. La iniciativa se sustenta en la Ley 418 de 1997, cuya prórroga vence el próximo 4 de noviembre, extensión que fue aprobada en el gobierno de Gustavo Petro mediante la Ley 2272 de 2022 dentro de la política de paz total.
«Esto va para el que vive de la cocaína, del oro ilegal, de la extorsión, sin reconocerle de ninguna manera estatus político, se les ofrece justicia. Segundo principio de esta ley, aquí no se crea una justicia paralela, ni una justicia a la medida, ni cárceles a la medida, como en tantas ocasiones ha ocurrido en el pasado en este país».
Rodrigo Lara, entonces ministro del Interior
Lara detalló que el proyecto se tramitará ante las instituciones judiciales existentes, como la Fiscalía y los jueces ordinarios, sin crear tribunales ni jurisdicciones nuevas. Además, recalcó que la Fuerza Pública mantendrá sus operaciones y no se suspenderán las órdenes de captura durante los actos preparatorios. «Aquí no hay tribunal especial, no hay jurisdicción nueva, no hay amnistías, aquí lo que hay básicamente es un marco para someterse a la Fiscalía y un juzgamiento por parte de jueces ordinarios de la república, con el código de procedimiento penal a la mano. Tercero, aquí de ninguna manera se están suspendiendo las órdenes de captura», afirmó.
Críticas y advertencias de la oposición
La oposición, en especial el Pacto Histórico, cuestionó el proyecto argumentando la falta de concepto del Consejo de Política Criminal, la ausencia de aval fiscal y que no representa una salida negociada al conflicto. El representante Jorge Palacio advirtió sobre posibles riesgos de revictimización, ya que las víctimas podrían enfrentar presiones en las decisiones sobre liberación de los sometidos. Pese a las críticas, el proyecto mantiene su curso legislativo con el respaldo del Gobierno, que busca reducir penas para integrantes de estructuras vinculadas a economías ilegales como parte de la política de paz total.
«Aquí no se llega a una mesa y le diga mira, toma tu suspensión de orden de captura antes de negociar, mira, ¿sabes qué? te regalo una suspensión de tu extradición. No señor, mientras se adelantan los actos preparatorios, la Fuerza Pública sigue operando y la Fiscalía sigue investigando. Aquí no hay un cese de operaciones de la Fuerza Pública. Aquí no hay de ninguna manera el beneficio de la inacción del Estado para los grupos criminales. Aquí se les combate porque se deben someter a la justicia».
Rodrigo Lara, ministro del Interior
Con la primera votación superada, el proyecto enfrenta ahora el reto de ser discutido en su articulado antes del 4 de noviembre, fecha en que vence la prórroga de la Ley 418 de 1997. De no avanzar a tiempo, se pondría en riesgo una herramienta central de la agenda de paz del Gobierno para desarticular economías ilegales y ofrecer un sometimiento efectivo a la justicia, sin reconocimientos políticos ni impunidad.
