El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, reactivó la urgencia de una obligación que para muchos conjuntos residenciales había quedado en el papel: la exigencia contemplada en la Ley 675 de 2001 de contar con pólizas de seguros obligatorias que cubran incendio y terremoto sobre los bienes comunes. La norma, vigente desde hace más de dos décadas, cobró una relevancia crítica tras el sismo que afectó con especial intensidad a los departamentos de Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, y que puso a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones y los consejos de administración de las copropiedades en todo el país.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 y su parágrafo 1 de la Ley 675 de 2001, que regula el régimen de propiedad horizontal en Colombia, los edificios o conjuntos residenciales deben constituir de manera obligatoria pólizas que cubran incendio y terremoto sobre los bienes comunes susceptibles de aseguramiento, con el objetivo de garantizar su reconstrucción total cuando esta sea procedente. La administración de cada conjunto tiene la función de conservar y proteger esos bienes comunes, lo que incluye la gestión, contratación y revisión periódica de las pólizas. Tras un sismo como el ocurrido, los administradores y los consejos deben activar de inmediato los protocolos de reclamación ante las aseguradoras, lo que implica revisar la vigencia de la póliza, informar el siniestro, solicitar una inspección técnica y la valoración de los daños por parte de la compañía aseguradora, y bajo ninguna circunstancia autorizar el ingreso a inmuebles que presenten daños estructurales sin antes contar con una evaluación técnica que lo respalde.
Cifras del aseguramiento en Colombia
Según datos de la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), en el país hay 2.258.594 viviendas aseguradas contra terremoto. Del total de riesgos asegurados en los 105 municipios de los siete departamentos más afectados por el sismo, que suman 442.514, el Valle del Cauca concentra la mayor cantidad con 218.134, seguido por Risaralda con 60.647 y Caldas con 56.152. En Bogotá, donde se registran más de 35.000 conjuntos residenciales y propiedades horizontales según Datos Abiertos Bogotá, la urgencia de verificar el estado de las pólizas se ha vuelto una prioridad para las administraciones. Fasecolda aclaró que estas cifras describen riesgos asegurados, no daños confirmados, y que el sector asegurador ya activó sus protocolos para atender las reclamaciones a través de líneas telefónicas, portales web, aplicaciones móviles y puntos de atención oficiales.
«En momentos como este, nuestra prioridad debe ser la vida y la seguridad de las personas, pero también debemos actuar rápidamente para proteger los hogares y el patrimonio de miles de familias. Hacemos un llamado a los administradores y órganos de administración de las copropiedades para que activen los mecanismos de protección con los que cuentan y adelanten las gestiones necesarias frente a las aseguradoras»
Lina María Torrado, presidenta ejecutiva de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá
La Ley 675 de 2001 es clara al señalar que la indemnización que se reciba por parte de la aseguradora debe destinarse, en primer término, a la reconstrucción del edificio o conjunto cuando esta sea procedente. Sin embargo, la póliza colectiva de bienes comunes no reemplaza la protección de los bienes privados de cada propietario, por lo que se recomienda a los residentes contratar seguros adicionales que cubran sus unidades privadas. Más allá de la urgencia inmediata de atender las reclamaciones tras el sismo, queda una tarea pendiente para los conjuntos residenciales: revisar y actualizar los protocolos de prevención, mantenimiento, gestión del riesgo y aseguramiento, para estar preparados ante futuros eventos sísmicos que, como lo demostró el terremoto del 10 de agosto, pueden ocurrir en cualquier momento.
