En Colombia, la Ley 675 de 2001, que regula la Propiedad Horizontal, establece las normas para el uso de parqueaderos en conjuntos residenciales, permitiendo que varios vehículos, como motos, ocupen un mismo espacio según lo determine el reglamento interno de cada copropiedad. Las administraciones y juntas de copropietarios son las responsables de aplicar estas regulaciones, con el objetivo de proteger la convivencia y el uso adecuado de los bienes compartidos. Esta normativa diferencia claramente entre parqueaderos privados y comunes, y su implementación cobra relevancia en un contexto donde, según datos del DANE reportados por Caracol Radio, el 89 por ciento de las viviendas iniciadas en el primer semestre de 2024 corresponden a apartamentos en este tipo de conjuntos.
La ley, vigente desde 2001, abarca la administración de pisos, apartamentos y áreas compartidas en todo el país. En su artículo 67 se definen los espacios comunes, como los parqueaderos que pertenecen colectivamente a los copropietarios y no pueden ser vendidos ni arrendados de manera individual. Por el contrario, los parqueaderos privados son exclusivos de su propietario, quienes tienen libertad para arrendarlos o venderlos sin restricciones arbitrarias, siempre y cuando no interfieran con otros espacios, generen obstrucciones, riesgos, derrames o ruido excesivo.
Reglas internas y sanciones por incumplimiento
El reglamento interno de cada copropiedad es la herramienta clave para autorizar el uso de un mismo parqueadero para múltiples motos, siempre priorizando la seguridad y el orden. Las administraciones deben velar por el cumplimiento, y ante cualquier violación, proceden con llamados de atención, multas y restricciones temporales. Estas medidas buscan mantener la armonía en los conjuntos residenciales, donde la alta demanda de apartamentos ha incrementado la necesidad de optimizar los espacios de estacionamiento.
Esta regulación, consultada directamente de la Ley 675 de 2001 y respaldada por informes de Caracol Radio, subraya la importancia de una convivencia responsable en un mercado inmobiliario dominado por verticalizaciones, invitando a los copropietarios a revisar sus reglamentos para evitar conflictos innecesarios.
