Colombia se prepara para la primera vuelta de las elecciones presidenciales con un paquete de medidas de orden público que incluyen la aplicación de la Ley Seca y estrictas restricciones a la propaganda electoral. A través del Decreto 0188 de 2026, expedido por el Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional determinó que la venta y consumo de bebidas alcohólicas quedará prohibida en todo el territorio nacional desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo hasta el mediodía del lunes 1 de junio de 2026. La medida busca garantizar la tranquilidad de la jornada electoral del domingo 31 de mayo, fecha en la que 41.421.973 ciudadanos, distribuidos en más de 120.527 mesas de votación, están habilitados para sufragar.
Además de la restricción de alcohol, el decreto prohíbe todo tipo de actos públicos y propaganda política el día de los comicios, incluyendo transmisiones en radio, prensa, televisión, medios móviles, estáticos o sonoros, así como carteles, pasacalles, vallas, afiches y propaganda en vehículos, naves o aeronaves. La restricción de reuniones políticas en recintos cerrados se extiende desde el lunes 25 de mayo hasta el lunes 1 de junio. La normativa, sin embargo, exceptúa el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa, siempre que los reportajes no constituyan promoción directa de candidaturas, partidos o movimientos políticos.
Despliegue de la Fuerza Pública y cifras electorales
Para garantizar el orden durante el proceso, el Ministerio de Defensa desplegará 408.000 miembros de la Fuerza Pública en todo el país. Los votantes habilitados incluyen 21.298.492 mujeres y 20.123.481 hombres, quienes podrán acudir a 13.742 puestos de votación, de los cuales 118.346 mesas estarán instaladas en territorio nacional: 6.010 en zonas urbanas y 7.479 en zonas rurales. Las autoridades locales, incluyendo alcaldes, inspectores de policía y comandantes de estación, serán los encargados de aplicar las sanciones en caso de incumplimiento.
Sanciones económicas y alcance de la medida
El incumplimiento de la Ley Seca acarreará multas económicas que oscilan entre 4 y 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalentes a montos que van desde $233.454 hasta $1.867.632, según lo estipulado en la Ley 1801 de 2016. La Policía Nacional tendrá la facultad de decomisar propaganda electoral que infrinja la normativa. De acuerdo con el decreto, los alcaldes deben prohibir y restringir la venta y consumo de alcohol, y los Consejos de Seguridad o Comités de Orden Público podrán ampliar la vigencia de la Ley Seca si las condiciones lo ameritan. Esta primera vuelta presidencial y de vicepresidente marca un hito en la democracia colombiana, con un amplio operativo logístico y de seguridad para proteger la voluntad popular.
