Un confuso episodio en el norte de Bogotá, que desató una ola de indignación en redes sociales y llevó a la captura de un ciudadano estadounidense, terminó este martes con su liberación tras determinarse que no hubo ningún tipo de violencia sexual o maltrato físico contra tres menores que se encontraban en proceso de adopción internacional. Grant Gail, el ciudadano norteamericano que fue detenido en la madrugada del domingo 14 de junio en un apartamento del edificio Niido, ubicado en la calle 106A con avenida 19, quedó en libertad luego de que exámenes forenses practicados por Medicina Legal y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) descartaran cualquier tipo de agresión contra los tres hermanos de 4, 7 y 15 años de edad.
La denuncia que provocó la captura de Gail se originó por un video grabado por vecinos que mostraba a un adulto con un menor en el balcón del apartamento, acompañado de los gritos de una mujer que exclamaba: “¡Está abusando del niño, suéltalo, hp!”. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando una presión inmediata sobre las autoridades. Sin embargo, tras la detención, la Fiscalía no encontró pruebas sólidas que sustentaran la acusación y la ley exigió la liberación inmediata del ciudadano. El teniente coronel Norberto Caro, de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que los menores fueron trasladados a un centro asistencial para su valoración, pero los resultados clínicos fueron contundentes.
Lo que realmente ocurrió
La directora del Icbf, Astrid Cáceres, fue la encargada de aclarar el malentendido que generó la crisis. En sus declaraciones, Cáceres explicó que los hechos que desataron la alarma correspondían a un incidente doméstico entre los propios hermanos por unos objetos con los que jugaban, y que la necesidad de que el menor “tomara aire” y “respirara” en el balcón fue lo que llevó al adulto a sacarlo. “No hubo violencia sexual. No, no hubo violencia sexual. Exacto”, afirmó categóricamente la funcionaria, despejando la principal sospecha que había circulado. “Hasta donde nosotros tenemos entendido, el punto es que el niño saliera a respirar. Ese era como el factor central”, añadió Cáceres, describiendo la escena como una interpretación errónea de un momento de cuidado.
«La violencia con que entraron dos personas a hablar incluso con los niños en ese momento al apartamento»
Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf)
Cáceres también criticó la reacción de los vecinos que, al ver la escena desde el exterior, irrumpieron en el apartamento con una violencia que, según ella, fue desproporcionada. “Lo malo es juzgar y después utilizarlo en redes”, sentenció la directora, refiriéndose al daño que la viralización del video causó tanto en la imagen del ciudadano como en el proceso de los menores. La adolescente de 15 años, que ya llamaba “papás” a la pareja adoptante, tuvo que traducir los insultos que los vecinos lanzaban desde el balcón, una situación que calificó como profundamente traumática para los niños.
La adopción en vilo
El proceso de adopción internacional, que se encontraba en su fase final —los últimos siete días de integración con la pareja estadounidense—, ha quedado suspendido temporalmente, pero no cancelado. La directora del Icbf explicó que la adopción, que había tomado cerca de tres años, queda congelada hasta que las defensorías de familia, el organismo internacional del país de origen y la propia familia adoptante evalúen la situación emocional de los niños y su disposición a continuar con el proceso. “La familia adoptante podría arrepentirse de continuar”, advirtió Cáceres, dejando abierta la posibilidad de que el incidente haya generado dudas en la pareja que buscaba darles un hogar.
Los tres menores, que según información de Caracol Radio requieren cuidado especial por aspectos conductuales, fueron evaluados por la red hospitalaria y se confirmó que están en buen estado de salud, sin presentar indicios de maltrato o abuso sexual. Mientras tanto, Grant Gail fue liberado y el caso queda ahora en manos de las autoridades de ambos países para determinar el futuro de los niños, que ya habían formado un vínculo con sus potenciales padres adoptivos.
