El representante judicial de las víctimas en el caso de Juan Felipe Rincón, Juan Felipe Criollo, advirtió este viernes que cinco procesados por tortura agravada podrían quedar en libertad por vencimiento de términos, luego de que el proceso acumulara 115 días de trámite sin que se haya podido instalar la audiencia de acusación. La alerta se produjo durante una audiencia virtual en la que los imputados Juan Sebastián Ávila Ochoa, Camilo Sotelo, Katherine Sotelo y Yeimi Vega no se conectaron, situación que obligó a reprogramar la diligencia para el 9 y 10 de noviembre de 2026 y encendió las alarmas sobre un posible colapso del caso.
El proceso, que se encuentra a tan solo cinco días de alcanzar la mitad del plazo que podría derivar en un vencimiento de términos, tiene como trasfondo los hechos ocurridos el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá, donde presuntamente se cometió tortura agravada contra Juan Felipe Rincón, hijo del exdirector de la Policía Nacional, general (r) William Rincón. La defensa atribuyó la ausencia de los procesados a problemas de conexión no resueltos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por lo que el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá ordenó requerir al coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, para que explique las razones de la falla.
Riesgo de vencimiento de términos
Durante la diligencia, Criollo fue enfático en señalar que el proceso ya cuenta con una medida de aseguramiento impuesta y que existe un desgaste del aparato judicial y de la Fiscalía. «Estamos frente a un proceso en el que ya se impuso una medida de aseguramiento y en el que hubo un desgaste del aparato judicial y de la Fiscalía General de la Nación. Eso es otro punto que yo quería tocarle de un posible vencimiento de términos», manifestó el abogado ante la juez.
«Sé que usted acaba de llegar, pero es mi deber y mi responsabilidad con mi representado y con el mandato que tengo de dejarle esta constancia y esta situación, porque al término que vamos para que acotemos los términos de acusación preparatoria e inicio de juicio, ya en este momento existe un riesgo palpable de dicho vencimiento»
Juan Felipe Criollo, representante judicial del general William Rincón
En medio de este escenario, el caso dio un giro con la reciente liberación de Solanyi Trujillo Devia, una de las cinco procesadas, luego de que la juez de segunda instancia considerara que las pruebas presentadas por la Fiscalía no tenían la solidez probatoria exigida por la ley y sobrevaloraban el material. Su abogado, Guillermo Ortiz, explicó que la decisión se basó en un examen preciso de lo exhibido por el ente acusador y de los errores de la jueza de primera instancia al momento de enviar a su clienta a detención intramural.
«La juez de segunda instancia realizó un examen con precisión de lo exhibido por la Fiscalía y los errores en que incurrió la juez al momento de tomar la decisión de enviar a mi clienta a detención intramural, sobrevalorando el material y dando por sentado argumentos sin la solidez probatoria exigida por la ley»
Guillermo Ortiz, abogado de Solanyi Trujillo Devia
Mientras tanto, la justicia decidió mantener detenidos a los otros cuatro procesados por el riesgo que, según la investigación, representarían para los testigos y el avance del caso, incluido un presunto soborno a una menor testigo. Ante el temor de nuevas suspensiones, el abogado de las víctimas pidió medidas que impidan más aplazamientos, mientras el juzgado noveno ordenó priorizar el caso y requerir al Inpec. La nueva fecha para la audiencia de acusación, el 9 y 10 de noviembre, se convierte en una prueba de fuego para un proceso que corre contra el reloj y en el que la libertad de los procesados depende de que la justicia logre avanzar antes de que se cumpla el término legal.
