La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la liberación provisional de los excongresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, procesados por presuntos actos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La decisión, adoptada mediante providencia fechada el 9 de octubre de 2026, se fundamenta en el vencimiento de términos procesales, tal como lo establece el numeral 5 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000. La medida, sin embargo, no implica absolución ni el cierre del proceso penal, y su materialización queda supeditada al cumplimiento de requisitos económicos y judiciales definidos por el tribunal.
El fallo fue suscrito por las magistradas Blanca Nélida Barreto Ardila y Socorro Mora Insuasty, esta última en calidad de ponente. En su análisis, la Sala determinó que había transcurrido más de un año desde la emisión de la resolución de acusación sin que se hubiera instalado la audiencia de juicio oral, superando así el límite máximo permitido por la ley para mantener a los procesados privados de la libertad. Con base en ello, el tribunal ordenó la expedición de las boletas de liberación al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, conocido como La Picota, lugar donde permanecían recluidos los dos exlegisladores.
Una libertad condicionada
La decisión de la Corte Suprema de Justicia concede a Name y Calle la posibilidad de recobrar su libertad, pero esta solo se hará efectiva una vez que se verifiquen los requisitos impuestos por la Sala. Fuentes cercanas al proceso indican que los excongresistas deberán cumplir con obligaciones económicas y judiciales que garanticen su comparecencia al juicio. La providencia también establece que el proceso continúa su curso, por lo que los ahora imputados deberán enfrentar las audiencias correspondientes en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en la gestión de recursos destinados a la atención de desastres.
Este caso ha sido uno de los más visibles en el escenario judicial colombiano por las implicaciones políticas y sociales que conlleva la presunta manipulación de contratos en la Ungrd, entidad encargada de coordinar la respuesta estatal ante emergencias. Ante la inminente salida de los procesados, las autoridades judiciales han señalado que la medida de aseguramiento podría ser reevaluada en cualquier momento, en caso de que se detecte incumplimiento de las condiciones fijadas. La noticia sigue en desarrollo, mientras los abogados defensores de Name y Calle preparan los trámites administrativos para formalizar su excarcelación durante los próximos días.
