Lideresa de Guaviare acusa a Petro de defraudar por bombardeos que dejaron 15 menores muertos

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El hecho principal gira en torno a la denuncia de Lorena Sánchez, campesina y lideresa social de Guaviare, quien acusa al Gobierno de Gustavo Petro de defraudar a la población tras bombardeos que, desde agosto de 2025, han dejado al menos 15 menores muertos. El Gobierno, por su parte, defiende la acción como necesaria y dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La lideresa de Guaviare, Lorena Sánchez, ha puesto de relieve su desconfianza frente a las decisiones militares y ha señalado que “nos sentimos defraudados” ante lo que describe como un giro de la política de seguridad que afecta a las comunidades. En el marco de estas operaciones, han figurado actores vinculados a las disidencias de las Farc, como Iván Mordisco, y figuras asociadas al crimen, con alias Veneno mencionado en los reportes. En el plano humano, siete adolescentes murieron en el ataque registrado en Guaviare, y 20 militares fueron salvados durante la intervención, que el Ministerio de Defensa describe como necesaria y proporcionada. Entre las voces afectadas, Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como Lalis, y David Rozo, llamado Don Izquierdo, han exigido explicaciones y han expresado su preocupación por la protección de la infancia en el marco del conflicto.

«Ya no tenemos entonces garantías para expresar y denunciar las atrocidades de las que somos víctimas» – Lorena Sánchez, lideresa social de Guaviare

«La potencia mundial de la vida se está convirtiendo en una potencia mundial de la muerte para las comunidades afectadas» – Lorena Sánchez, lideresa social de Guaviare

«Vuelvo a insistir que no nos hemos salido del DIH (derecho internacional humanitario) en los bombardeos ordenados por mí. Decir que se detengan los bombardeos cuando estamos dentro del DIH es de una ingenuidad brutal» – Gustavo Petro, Presidente de Colombia

Contexto y respuestas ante las críticas

Antecedentes y marco informativo: Petro ha defendido históricamente el DIH y ha rechazado bombardeos que afecten a menores; sin embargo, las operaciones ordenadas desde su administración han dejado víctimas infantiles, según la Defensoría del Pueblo, que reporta 15 niños fallecidos desde agosto de 2025. Por estas razones, la noticia ha generado un rechazo amplio desde la oposición y sectores afines a Petro, con llamados a explicaciones y a aclarar responsabilidades. El debate se sustenta en la tensión entre la protección de la vida de los menores y la seguridad de las fuerzas militares, lo que alimenta una polarización social y política en diversos escenarios del país.

En el terreno se han involucrado distintas perspectivas: Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc; Alias Veneno, figura con trayectoria criminal; y líderes comunitarios que observan con preocupación el impacto de las operaciones en las poblaciones. En Guaviare, la intervención ha sido descrita por el Ministerio de Defensa como necesaria y proporcionada, con la aclaración de que 20 militares fueron salvados y que la operación buscaba neutralizar a estructuras guerrilleras cercanas a Mordisco. La Defensoría del Pueblo, la Defensoría y otros entes de control han subrayado la necesidad de rendición de cuentas y de salvaguardar la vida de la población civil, especialmente de los menores.

Disponible está la declaración oficial del Ministerio de Defensa sobre la intervención en Guaviare, que reitera la postura de legitimidad y proporcionalidad de las operaciones. En este marco, la cobertura continúa explorando las responsabilidades, el alcance de las operaciones y las medidas de protección de derechos humanos que deben acompañar cualquier acción militar en zonas de conflicto.

La conversación pública continúa abierta a medida que se intensifican las críticas y las demandas de explicaciones claras. El caso amplifica la discusión sobre cómo equilibrar la seguridad nacional con la protección de la infancia, y coloca a la administración de Petro bajo un escrutinio intenso respecto a su compromiso con el DIH y con la defensa de los derechos de las comunidades afectadas por el conflicto armando en Colombia.

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