El presidente del Congreso, Lidio García, calificó como un “castigo político” la decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de eliminar la prima especial de servicios para congresistas mediante el Decreto 0030 de 2026, oficializado el 20 de enero de 2026 y que entrará en vigor el 20 de julio de ese mismo año. La medida, emitida desde Colombia y anunciada en declaraciones a través del perfil de X de García, deroga el Decreto 2170 de 2013 y afecta directamente a senadores y representantes a la Cámara.
Esta prima, que originalmente se destinaba a cubrir gastos de salud y vivienda, representaba cerca de 16,9 millones de pesos mensuales por congresista, elevando el salario total por encima de los 52 millones de pesos hasta 2025. Con su eliminación, el salario estimado se reduciría a unos 36 millones mensuales, generando un ahorro anual para el Estado superior a los 56.000 millones de pesos. El Departamento Administrativo de la Función Pública justificó la decisión argumentando que la remuneración era desproporcionada frente a la realidad económica del país y al ingreso promedio de los ciudadanos.
Reacción de García y señalamientos al Gobierno
García, en su pronunciamiento, alegó que la medida responde a una represalia del Ejecutivo por la independencia mostrada por el Congreso, que se ha negado a someterse a sus directrices. Recordó que el propio Gustavo Petro recibió esta prima durante casi 20 años como congresista sin expresar inconformidad alguna.
«Gustavo Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona».
Lidio García, presidente del Congreso
«Por eso este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo».
Lidio García, presidente del Congreso
La Corte Constitucional ha establecido previamente que estos pagos no son obligatorios, lo que respalda la facultad del Gobierno para modificarlos en el marco de medidas de austeridad. La controversia surge en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde esta eliminación se percibe por algunos como un ajuste fiscal necesario y por otros como una maniobra política.
